Bruselas pide a España una política fiscal prudente en 2022 por su endeudamiento

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Bruselas vuelve a pedir a España una política fiscal prudente en 2022 debido al elevado endeudamiento público. En el marco del ‘semestre europeo’, el ejercicio anual que arranca con la evaluación de los borradores de los planes presupuestarios nacionales, la Comisión Europea advierte al Gobierno de Pedro Sánchez que “dado el nivel de la deuda pública de España y los desafíos de sostenibilidad a medio plazo antes del estallido de la pandemia del covid-19, es importante a la hora de adoptar medidas presupuestarias de apoyo mantener una política fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo”, apunta la Comisión en el paquete del semestre europeo.

El mismo mensaje también dirigen a Bélgica, Francia, Grecia e Italia, los otros cuatro países de la Eurozona con un elevado endeudamiento público. No obstante, es el Gobierno del italiano Mario Draghi quien se lleva el mayor tirón de orejas. «No limita suficientemente el gasto corriente financiado a nivel nacional. La Comisión invita a Italia a tomar las medidas necesarias», señala el dictamen italiano.

Por el contrario, en el caso español, teniendo en cuenta las últimas previsiones económicas de otoño, que rebajan el cuadro macroeconómico previsto por el Gobierno, y el contenido del plan presupuestario remitido por el Gobierno a mediados de octubre, Bruselas prevé que la orientación fiscal en España, incluido el impulso que darán los fondos del plan de recuperación, “sea contractiva”. Esto se debe al fuerte recorte del gasto corriente, debido a las “medidas considerables” adoptadas y que harán que España sea el único país de la UE -junto con Eslovaquia- con una política fiscal contractiva en 2022, frente a la orientación presupuestaria «expansionista» generalizada en la zona euro.

Según las estimaciones de Bruselas, el próximo año las subvenciones del fondo de recuperación servirán para financiar el 24% del total de medidas de apoyo y se espera que los Estados miembros gasten más del 40% del importe total de las subvenciones asignadas, siempre y cuando cumplan con los hitos y objetivos incluidos en sus respectivos planes nacionales. Hasta ahora, la UE ya ha aprobado 22 planes nacionales y se han desbloqueado anticipos por valor de 52.300 millones. España es, no obstante, el único país que ya ha solicitado el primer desembolso.

Los técnicos comunitarios consideran que el proyecto de plan presupuestario diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez contiene “medidas detalladas” que van en la buena dirección y que siguen las recomendaciones de Bruselas de aprovechar los fondos anticrisis y la inversión pública para apuntar la recuperación. En primer lugar, porque servirán para fomentar la transición digital, aumentando conectividad y reforzando la ciberseguridad a través de diferentes planes de actuación como el Plan de Conectividad e Infraestructuras Digitales para la Sociedad.

La evaluación también valora las medidas incluidas para impulsar la transición verde, como la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Hidrológico Nacional 2021-2027, así como el apoyo público a la I+D y la transferencia del conocimiento a través de la Agencia Española de Investigación y la red Cerveza entre otras medidas. El dictamen de Bruselas, no obstante, deja también una clara advertencia al Gobierno: España, tendrá que “revisar periódicamente” el uso, la eficacia y la adecuación de las medidas de apoyo. Y, sobre todo, debe estar “dispuesta a adaptarlas, según sea necesario, a la evolución de las circunstancias”.

El ejercicio del semestre europeo, en el que se enmarca el examen presupuestario, también incluye una evaluación sobre desequilibrios macroeconómicos. España, según el informe, vuelve a estar en el grupo de doce países -junto a Alemania, Croacia, Francia, Irlanda, Países bajos, Portugal, Rumanía y Suecia- con desequilibrios macroeconómicos por el elevado déficit y deuda pública, alto desempleo, posición exterior, deuda del sector empresarial y riesgo de acumulación de activos tóxicos en el sector bancario, aunque solo tres (Chipre, Grecia e Italia) tienen desequilibrios macroeconómicos «excesivos».

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