El Gobierno aprueba la ley que permitirá crear una empresa con solo un euro desde 2022

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley “Crea y Crece”, de creación y crecimiento empresarial, que permitirá crear empresas tan solo con un euro, eliminará obstáculos para que las pymes ganen tamaño y establecerá medidas para atajar la morosidad. Con esta propuesta, y según detallan fuentes gubernamentales, el Ejecutivo persigue la creación de un marco regulatorio que facilite la creación de empresas en España, reduciendo las trabas tanto regulatorias como financieras a las que se enfrentan los ciudadanos. De esta manera, desaparecerá el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para crear una empresa, permitiendo su puesta en marcha con tan solo un euro y de manera rápida y telemática en un plazo cercano a los 10 días.

La morosidad, en numerosas ocasiones, es la antesala de cierres y pérdida de puestos de trabajo. Por ello, el Ejecutivo también quiere poner freno a los impagos que sufren las empresas y que experimentaron un repunte durante la pandemia. Con el nuevo proyecto de ley, el Gobierno pretende reducir el riesgo a impagos mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos y la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas. Este plazo legal, que se sitúa actualmente en los 60 días, afecta especialmente a pymes y autónomos, que normalmente se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a la media para asegurarse el cobro de sus facturas.

El objetivo es que las empresas españolas cambien su cultura hacia el “pronto pago”, han señalado fuentes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este sentido, el Gobierno también pretende incluir el cumplimiento de estos plazos como requisito ineludible para acceder a las subvenciones estatales. Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en plazo a subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de adjudicación de un contrato público, así como la posibilidad de resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago. Por otro lado, también se creará un observatorio de la morosidad para recabar información y analizar estas prácticas.

El anteproyecto recoge también la ampliación del catálogo de actividades económicas que a día de hoy están exentas de licencia para la puesta en marcha de empresas. En cuanto a la financiación, se flexibilizarán mecanismos alternativos como el “crowfunding” y se llevarán a cabo otras medidas para potenciar instrumentos de financiación del crecimiento alternativos a la financiación bancaria, a la que recurren mayoritariamente las empresas. Entre los cambios, se incorporará la posibilidad de que las empresas reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech.