7.000 pueblos de España tendrán una oficina judicial a partir de 2022

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que confía en que a partir de finales de 2022 empezarán a abrirse oficinas de justicia en todos los municipios que carecen de juzgados, unos 7.000 en toda España. Esta es una de las medidas acordadas por el Ministerio y las doce comunidades con competencias en administración de justicia, que han celebrado en Tenerife la primera conferencia sectorial con formato presencial desde hace un año, la cual ha estado marcada por la unanimidad, la unidad y la cogobernanza «en un momento de tanta tensión», según ha destacado el ministro.

«Empezamos con promesas y cada vez tenemos más realidades» fruto de «un trabajo compartido» y basado en «proyectos concretos» para abordar la modernización y la eficiencia en la administración de justicia, dijo Juan Carlos Campo. Cuestiones como la seguridad y prevención de riesgos en el trabajo, la igualdad, la sostenibilidad de las sedes judiciales, la eficiencia, la modernización, la transformación de la justicia y los medios alternativos de solución de conflictos avanzan entre el consenso, puso de manifiesto Campo.

La implantación de oficinas de justicia en todos los municipios que carecen de juzgados va a ser «un reto» que involucra a la administración local, según subrayó Campo, quien confió en que dada la unanimidad entre las administraciones y fuerzas políticas puedan ser una realidad a partir de finales del próximo año. El viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Cardenete, coincidió en que la cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades autónomas está funcionando durante la pandemia.

Gracias a eso, el área de Justicia será la primera de la Junta de Andalucía en recibir fondos europeos, treinta millones de euros para cuestiones relacionadas con la digitalización, la ciberseguridad y el teletrabajo. El consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, destacó que el sistema de administración de justicia que se está diseñando es participado por las comunidades autónomas y afirmó que la suya aporta prácticas punteras en digitalización, en la resolución de conflictos y en justicia restaurativa.