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El periodo de consulta del anteproyecto de ley que adapta la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, concluirá el próximo lunes 18 de septiembre. El texto, publicado el pasado 4 de agosto, es implacable con las entidades financieras. Estas, en esencia, tendrán que vender fondos de gestoras ajenas al grupo u ofrecer un servicio de asesoramiento diligente, y no bajo cuerda.

Para embolsarse una parte de la comisión de gestión, el vendedor tendrá que cumplir alguno de los dos siguientes puntos bajo el servicio de asesoramiento no independiente (en el independiente, no se podrán cobrar incentivos en ningún caso): 1) Que también ofrezca productos de terceros y no solo propios. 2) Que se comparen sus características y que la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente.

Varias entidades financieras tienen planes alternativos para competir si la línea más dura triunfa, como finalmente parece que ocurrirá. Así, algunas de ellas están desarrollando fórmulas para vender de forma masiva productos de terceras gestoras en sus oficinas, como publicó este periódico el pasado 8 de agosto.

Fuentes cercanas a Inverco señalan que, si no hay flexibilidad, se producirá un encarecimiento del servicio de fondos para el ahorrador y la exclusión financiera de los segmentos con un volumen de patrimonio más reducido. De los 28 países de la Unión Europea, solo Holanda y Reino Unido no han flexibilizado la normativa. En Inverco creen que se producirá un desplazamiento de la venta de fondos de inversión hacia otras formas de ahorro.

Los porcentajes de la comisión cedidos al distribuidor por parte de las gestoras propiedad de la gran banca oscilan entre el 66% de la de Sabadell y el 78,3% de la de BBVA, según los datos de la CNMV. Santander AM entregó el 73,1%; CaixaBank AM, el 68,2%, y Bankia Fondos, el 69,7%. En caso de no dar asesoramiento –el método más extendido en la actualidad a la hora de vender fondos de inversión–, la única fórmula que permite el texto es ofrecer productos de terceros.

La fórmula para sortear el espíritu de la ley está encima del tapete. Algunas entidades y consultoras habían detectado la vía alternativa de renunciar a los incentivos de comercialización. El truco está en que en las cuentas consolidadas de los grandes grupos no tendría efecto la pérdida de incentivos por distribución. Toda la comisión de gestión quedaría en casa porque las gestoras son filiales al 100%.

Así ocurriría en los casos de CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell, y en breve también en el de Santander. Las gestoras pertenecen totalmente al banco. La excepción es Allianz Popular AM, propiedad de la aseguradora alemana en un 60%, y en un 40% del banco filial de Santander. El 18 de septiembre es cuando termina la audiencia pública de la ley.

Una vez haya concluido el segundo periodo de consultas –el primero se extendió desde el pasado 15 de marzo hasta el 3 de mayo– se iniciará la tramitación parlamentaria de la nueva norma.

El periodo de consulta del anteproyecto de ley que adapta la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, concluirá el próximo lunes 18 de septiembre. El texto, publicado el pasado 4 de agosto, es implacable con las entidades financieras. Estas, en esencia, tendrán que vender fondos de gestoras ajenas al grupo u ofrecer un servicio de asesoramiento diligente, y no bajo cuerda.

Para embolsarse una parte de la comisión de gestión, el vendedor tendrá que cumplir alguno de los dos siguientes puntos bajo el servicio de asesoramiento no independiente (en el independiente, no se podrán cobrar incentivos en ningún caso): 1) Que también ofrezca productos de terceros y no solo propios. 2) Que se comparen sus características y que la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente.

Varias entidades financieras tienen planes alternativos para competir si la línea más dura triunfa, como finalmente parece que ocurrirá. Así, algunas de ellas están desarrollando fórmulas para vender de forma masiva productos de terceras gestoras en sus oficinas, como publicó este periódico el pasado 8 de agosto.

Fuentes cercanas a Inverco señalan que, si no hay flexibilidad, se producirá un encarecimiento del servicio de fondos para el ahorrador y la exclusión financiera de los segmentos con un volumen de patrimonio más reducido. De los 28 países de la Unión Europea, solo Holanda y Reino Unido no han flexibilizado la normativa. En Inverco creen que se producirá un desplazamiento de la venta de fondos de inversión hacia otras formas de ahorro.

Los porcentajes de la comisión cedidos al distribuidor por parte de las gestoras propiedad de la gran banca oscilan entre el 66% de la de Sabadell y el 78,3% de la de BBVA, según los datos de la CNMV. Santander AM entregó el 73,1%; CaixaBank AM, el 68,2%, y Bankia Fondos, el 69,7%. En caso de no dar asesoramiento –el método más extendido en la actualidad a la hora de vender fondos de inversión–, la única fórmula que permite el texto es ofrecer productos de terceros.

La fórmula para sortear el espíritu de la ley está encima del tapete. Algunas entidades y consultoras habían detectado la vía alternativa de renunciar a los incentivos de comercialización. El truco está en que en las cuentas consolidadas de los grandes grupos no tendría efecto la pérdida de incentivos por distribución. Toda la comisión de gestión quedaría en casa porque las gestoras son filiales al 100%.

Así ocurriría en los casos de CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell, y en breve también en el de Santander. Las gestoras pertenecen totalmente al banco. La excepción es Allianz Popular AM, propiedad de la aseguradora alemana en un 60%, y en un 40% del banco filial de Santander. El 18 de septiembre es cuando termina la audiencia pública de la ley.

Una vez haya concluido el segundo periodo de consultas –el primero se extendió desde el pasado 15 de marzo hasta el 3 de mayo– se iniciará la tramitación parlamentaria de la nueva norma.

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