Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica

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El Ministerio de Hacienda trasladará este viernes al Consejo de Ministros un paquete de medidas en respuesta al último desplante soberanista de la Generalitat, que este jueves puso en marcha una suerte de insurgencia económica incrementando la autonomía fiscal de la región y la desconexión informativa con el Gobierno central.

En concreto, el Govern anunció este jueves que reforzará la llamada Hacienda catalana, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de dejar en suspenso algunas de sus nuevas funciones, y que dejará de dar cuenta de sus gastos al Ministerio de Hacienda. En respuesta, el Gobierno se prepara para tomar el control financiero de Cataluña.

El detonante fue la carta del vicepresidente económico de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de remitirle los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Considera que “suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”. El Gobierno implantó esta exigencia de información semanal en julio para evitar que la Generalitat desviase fondos para la organización del referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Hacienda cuenta para hacer frente a este nuevo desafío con las medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cataluña es una región que está ya sujeta a medidas especiales de control por haber incumplido el objetivo presupuestario –lo que previsiblemente hará de nuevo este año– con lo que dejar de informar de sus gastos al Ministerio da pie a elevar el grado de intervención.

El Gobierno, avanzan fuentes conocedoras de la materia, pasará a controlar directamente no solo el dinero que se traspasan a la Generalitat mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (que ha facilitado más de 53.000 millones a Cataluña desde 2012) sino también los recursos inyectados a cuenta, provenientes del cobro de tributos.

Hacienda pasará así a controlar directamente los fondos y pagos a los proveedores de la región, y exigiendo justificantes para cada gasto, incluyendo el pago de nóminas a funcionarios, evitando así el posible desvío de fondos públicos para a la celebración del referéndum soberanista.

El Consejo de Ministros estudiará medidas adicionales. A falta de conocerlas, la legislación permite que, ante el incumplimiento de sus obligaciones, “las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”. Más allá, Hacienda podrá sancionar a la región imponiendo un depósito en el Banco de España por el 0,2% del PIB catalán.

El Ministerio de Hacienda trasladará este viernes al Consejo de Ministros un paquete de medidas en respuesta al último desplante soberanista de la Generalitat, que este jueves puso en marcha una suerte de insurgencia económica incrementando la autonomía fiscal de la región y la desconexión informativa con el Gobierno central.

En concreto, el Govern anunció este jueves que reforzará la llamada Hacienda catalana, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de dejar en suspenso algunas de sus nuevas funciones, y que dejará de dar cuenta de sus gastos al Ministerio de Hacienda. En respuesta, el Gobierno se prepara para tomar el control financiero de Cataluña.

El detonante fue la carta del vicepresidente económico de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de remitirle los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Considera que “suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”. El Gobierno implantó esta exigencia de información semanal en julio para evitar que la Generalitat desviase fondos para la organización del referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Hacienda cuenta para hacer frente a este nuevo desafío con las medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cataluña es una región que está ya sujeta a medidas especiales de control por haber incumplido el objetivo presupuestario –lo que previsiblemente hará de nuevo este año– con lo que dejar de informar de sus gastos al Ministerio da pie a elevar el grado de intervención.

El Gobierno, avanzan fuentes conocedoras de la materia, pasará a controlar directamente no solo el dinero que se traspasan a la Generalitat mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (que ha facilitado más de 53.000 millones a Cataluña desde 2012) sino también los recursos inyectados a cuenta, provenientes del cobro de tributos.

Hacienda pasará así a controlar directamente los fondos y pagos a los proveedores de la región, y exigiendo justificantes para cada gasto, incluyendo el pago de nóminas a funcionarios, evitando así el posible desvío de fondos públicos para a la celebración del referéndum soberanista.

El Consejo de Ministros estudiará medidas adicionales. A falta de conocerlas, la legislación permite que, ante el incumplimiento de sus obligaciones, “las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”. Más allá, Hacienda podrá sancionar a la región imponiendo un depósito en el Banco de España por el 0,2% del PIB catalán.

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