La secesión rebajaría en 63.000 millones el PIB catalán

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La independencia podría salirle muy cara a Cataluña. El PIB de la comunidad caería entre un 25% y un 30% -hasta 63.000 millones- si Cataluña se separa, apuntó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. La repercusión, "muy negativa", afectaría a las exportaciones, al quedar fuera del mercado comunitario. El efecto dominó también provocaría el cambio de sede de numerosas compañías que quieren evitar quedar aisladas de la UE, al igual que ocurre actualmente con el Brexit.

La tensión que precipita al choque de trenes ha contagiado a los mercados de deuda. El mayor banco estadounidense, JPMorgan, ha comenzado a aconsejar la venta de bonos españoles, cuyo diferencial respecto a la deuda italiana ya se sitúa en mínimos anuales. Ayer, Société Générale se sumó a JPMorgan, y recomienda vender bonos españoles y comprar los italianos.

La deuda catalana también podría caer más bajo, dentro del bono basura, según anunció el lunes Moody's, y aunque el ministro negó el impacto del procés en la economía, la agencia de rating alertó del riesgo de una bajada del crédito para España si aumentan las tensiones. Al fin y al cabo, la economía catalana constituye un 19% del PIB español.

"El Gobierno no va a dejar que ningún territorio de España tenga un empobrecimiento de este nivel", añadió de Guindos. Cataluña es, además, la comunidad más endeudada por volumen y una de las regiones más dependientes de los mecanismos de liquidez del Estado -especialmente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que el Gobierno podría retirarle a causa del referéndum-. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseveró ayer en su intervención en el pleno del Senado, que "nadie va a usar un euro público contra la ley sin responder con su patrimonio", aludiendo a los 5 millones que deberá pagar Artur Mas y otros promotores de la consulta del 9-N.

La bancada popular rompió en aplausos en la inauguración del curso en la Cámara Alta ayer. El pleno del Senado abrió tenso. Después de un minuto de silencio, por los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, se sucedieron los ataques desde la bancada independentista. "Esto no es un Estado de derecho, es un Estado extremadamente de derechas", arrojó el representante de PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para continuar diciendo, mientras blandía una papeleta, que "con las urnas y las papeletas, el 1-O segaremos las cadenas".

La independencia podría salirle muy cara a Cataluña. El PIB de la comunidad caería entre un 25% y un 30% -hasta 63.000 millones- si Cataluña se separa, apuntó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. La repercusión, "muy negativa", afectaría a las exportaciones, al quedar fuera del mercado comunitario. El efecto dominó también provocaría el cambio de sede de numerosas compañías que quieren evitar quedar aisladas de la UE, al igual que ocurre actualmente con el Brexit.

La tensión que precipita al choque de trenes ha contagiado a los mercados de deuda. El mayor banco estadounidense, JPMorgan, ha comenzado a aconsejar la venta de bonos españoles, cuyo diferencial respecto a la deuda italiana ya se sitúa en mínimos anuales. Ayer, Société Générale se sumó a JPMorgan, y recomienda vender bonos españoles y comprar los italianos.

La deuda catalana también podría caer más bajo, dentro del bono basura, según anunció el lunes Moody's, y aunque el ministro negó el impacto del procés en la economía, la agencia de rating alertó del riesgo de una bajada del crédito para España si aumentan las tensiones. Al fin y al cabo, la economía catalana constituye un 19% del PIB español.

"El Gobierno no va a dejar que ningún territorio de España tenga un empobrecimiento de este nivel", añadió de Guindos. Cataluña es, además, la comunidad más endeudada por volumen y una de las regiones más dependientes de los mecanismos de liquidez del Estado -especialmente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que el Gobierno podría retirarle a causa del referéndum-. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseveró ayer en su intervención en el pleno del Senado, que "nadie va a usar un euro público contra la ley sin responder con su patrimonio", aludiendo a los 5 millones que deberá pagar Artur Mas y otros promotores de la consulta del 9-N.

La bancada popular rompió en aplausos en la inauguración del curso en la Cámara Alta ayer. El pleno del Senado abrió tenso. Después de un minuto de silencio, por los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, se sucedieron los ataques desde la bancada independentista. "Esto no es un Estado de derecho, es un Estado extremadamente de derechas", arrojó el representante de PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para continuar diciendo, mientras blandía una papeleta, que "con las urnas y las papeletas, el 1-O segaremos las cadenas".

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