El Parlament de Cataluña convoca la votación del 1-O tras aprobar la Ley del Referéndum

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El Parlamento de Cataluña ha aprobado esta noche, tras una jornada marcadamente bronca, la Ley de Referéndum que fija las bases para la pretendida consulta soberanista del 1 de octubre. La norma, cuya mera tramitación contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional, como advirtieron los propios letrados del Parlament, salió adelante con 72 votos a favor (los que suman Junts pel Sí, la CUP y el no adscrito Gordó) y 11 abstenciones en una Cámara de 135 miembros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que consideró la sesión como “una patada a la democracia” informó de que el Ejecutivo ya ha puesto el asunto en manos del Tribunal Constitucional, que tiene previsto abordarlo el jueves.

La tensión fue in crescendo desde primera hora cuando el Parlament aprobó alteración del orden del día para tramitar de urgencia la Ley del Referéndum con el apoyo de los independentistas de Junts pel Sí y la CUP y entre sonoras quejas de la oposición. El resto de grupos pidieron conocer de primera mano la advertencia de inconstitucionalidad emitida por los letrados del Parlament, lo que les fue denegado.

Así las cosas, el secretario del Parlament se negó a firmar la tramitación de la norma, que fue incluida en el boletín por otros parlamentarios. Luego, la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, se resistió a dar tiempo a los grupos para preparar sus enmiendas –cediendo solo la hora del almuerzo– y se negó a aceptar aquellas a la totalidad. Finalmente obvió la advertencia de la Comisión de Garantías Estatutarias de que era preceptivo un informe sobre la legalidad de la norma que habría obligado a posponer la votación.

La ley se votó finalmente pasadas las 21.30 horas con la ausencia de PP, PSOE o Ciudadanos, que en protesta abandonaron la Cámara. El Govern tenía previsto reunirse acto seguido para convocar el referéndum. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció que presentará una moción de censura.

“El Gobierno no va a permitir que se incumpla la Ley en España”, clamó a medio día la vicepresidenta del Gobierno pidiendo “tranquilidad a los ciudadanos de Cataluña. “Querer imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución y la democracia demuestra que quienes están al frente del Parlament y de la Generalitat se acercan más a los regímenes dictatoriales que a una democracia”, remachó, anunciando que el Ejecutivo dejará “nulos y sin efecto los acuerdos adoptados”.

Lo hará en dos pasos. De un lado, expuso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, remitió un escrito ayer mismo a la Abogacía del Estado solicitando que se interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por la tramitación de la legislación secesionista, que contraviene sus fallos.

De otro, por la norma en sí, cuyo recurso ante el Constitucional será solicitado inmediatamente por Rajoy, reclamando previamente un informe al Consejo de Estado. La medida será solicitada en las próximas horas para que el Tribunal pueda estudiar el recurso el jueves por la mañana.

La vicepresidenta no detalló qué medidas se pedirán al Tribunal, quien tiene nuevas atribuciones para inhabilitar a cargos públicos, por ejemplo, pero sí avanzó que se pedirán responsabilidades penales para los responsables, incluyendo a Forcadell. “Durante su mandato ha muerto la democracia”, llegó a decir la vicepresidenta en una dura intervención.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado esta noche, tras una jornada marcadamente bronca, la Ley de Referéndum que fija las bases para la pretendida consulta soberanista del 1 de octubre. La norma, cuya mera tramitación contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional, como advirtieron los propios letrados del Parlament, salió adelante con 72 votos a favor (los que suman Junts pel Sí, la CUP y el no adscrito Gordó) y 11 abstenciones en una Cámara de 135 miembros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que consideró la sesión como “una patada a la democracia” informó de que el Ejecutivo ya ha puesto el asunto en manos del Tribunal Constitucional, que tiene previsto abordarlo el jueves.

La tensión fue in crescendo desde primera hora cuando el Parlament aprobó alteración del orden del día para tramitar de urgencia la Ley del Referéndum con el apoyo de los independentistas de Junts pel Sí y la CUP y entre sonoras quejas de la oposición. El resto de grupos pidieron conocer de primera mano la advertencia de inconstitucionalidad emitida por los letrados del Parlament, lo que les fue denegado.

Así las cosas, el secretario del Parlament se negó a firmar la tramitación de la norma, que fue incluida en el boletín por otros parlamentarios. Luego, la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, se resistió a dar tiempo a los grupos para preparar sus enmiendas –cediendo solo la hora del almuerzo– y se negó a aceptar aquellas a la totalidad. Finalmente obvió la advertencia de la Comisión de Garantías Estatutarias de que era preceptivo un informe sobre la legalidad de la norma que habría obligado a posponer la votación.

La ley se votó finalmente pasadas las 21.30 horas con la ausencia de PP, PSOE o Ciudadanos, que en protesta abandonaron la Cámara. El Govern tenía previsto reunirse acto seguido para convocar el referéndum. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció que presentará una moción de censura.

“El Gobierno no va a permitir que se incumpla la Ley en España”, clamó a medio día la vicepresidenta del Gobierno pidiendo “tranquilidad a los ciudadanos de Cataluña. “Querer imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución y la democracia demuestra que quienes están al frente del Parlament y de la Generalitat se acercan más a los regímenes dictatoriales que a una democracia”, remachó, anunciando que el Ejecutivo dejará “nulos y sin efecto los acuerdos adoptados”.

Lo hará en dos pasos. De un lado, expuso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, remitió un escrito ayer mismo a la Abogacía del Estado solicitando que se interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por la tramitación de la legislación secesionista, que contraviene sus fallos.

De otro, por la norma en sí, cuyo recurso ante el Constitucional será solicitado inmediatamente por Rajoy, reclamando previamente un informe al Consejo de Estado. La medida será solicitada en las próximas horas para que el Tribunal pueda estudiar el recurso el jueves por la mañana.

La vicepresidenta no detalló qué medidas se pedirán al Tribunal, quien tiene nuevas atribuciones para inhabilitar a cargos públicos, por ejemplo, pero sí avanzó que se pedirán responsabilidades penales para los responsables, incluyendo a Forcadell. “Durante su mandato ha muerto la democracia”, llegó a decir la vicepresidenta en una dura intervención.

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