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Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en los próximos años. Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT admitieron ayer que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.

Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes 29 se antoja poco probable.

Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.

Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gabinete de Rajoy.

El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado; debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.

La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.

Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en los próximos años. Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT admitieron ayer que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.

Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes 29 se antoja poco probable.

Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.

Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gabinete de Rajoy.

El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado; debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.

La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.

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