UGT exige que se incluyan cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental en los contratos públicos

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La Unión General de Trabajadores (UGT) ha puesto de manifiesto este domingo la necesidad de que las Administraciones Públicas incluyan cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental a los contratos que realizan, tanto en el criterio de selección, como en la adjudicación y ejecución, y garantizar "condiciones laborales y de vida dignas".

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, la Ley de Contratos del Estado -en proceso de tramitación parlamentaria- "tiene que impedir que las empresas pujen en condiciones de baja temeraria a costa de los trabajadores porque, entre otras cuestiones, marcan de forma directa o indirecta el desarrollo socioeconómico" de España. "No se trata de echar balones fuera, porque deben velar por su compromiso público y no permitir la explotación laboral en los contratos que se realizan dentro de la Administración", ha dicho.

En este sentido, UGT ha apuntado que la contratación del sector público moviliza más del 15% del PIB y su acción repercute de forma directa e indirecta en el desarrollo socioeconómico y político. "Su regulación es un instrumento fundamental no solo para impulsar un modelo de Administración Pública, sino un modelo productivo y un modelo de sociedad", ha subrayado.

"Es por esto que la nueva Ley de Contratos del Estado, cuyo proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario, debería incluir la obligatoriedad de que los contratos de las administraciones públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental, tanto como criterio de selección del contratista, como de la adjudicación de los contratos y como exigencia de ejecución", ha apuntado.

A su juicio, el objetivo, entre otros, es que garantice unas "condiciones laborales dignas, incluyendo la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades, mejorar la seguridad y salud laboral, favorecer la formación en el lugar de trabajo, contribuir a la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos, así como asegurar unas condiciones medioambientales adecuadas".

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha puesto de manifiesto este domingo la necesidad de que las Administraciones Públicas incluyan cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental a los contratos que realizan, tanto en el criterio de selección, como en la adjudicación y ejecución, y garantizar "condiciones laborales y de vida dignas".

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, la Ley de Contratos del Estado -en proceso de tramitación parlamentaria- "tiene que impedir que las empresas pujen en condiciones de baja temeraria a costa de los trabajadores porque, entre otras cuestiones, marcan de forma directa o indirecta el desarrollo socioeconómico" de España. "No se trata de echar balones fuera, porque deben velar por su compromiso público y no permitir la explotación laboral en los contratos que se realizan dentro de la Administración", ha dicho.

En este sentido, UGT ha apuntado que la contratación del sector público moviliza más del 15% del PIB y su acción repercute de forma directa e indirecta en el desarrollo socioeconómico y político. "Su regulación es un instrumento fundamental no solo para impulsar un modelo de Administración Pública, sino un modelo productivo y un modelo de sociedad", ha subrayado.

"Es por esto que la nueva Ley de Contratos del Estado, cuyo proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario, debería incluir la obligatoriedad de que los contratos de las administraciones públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental, tanto como criterio de selección del contratista, como de la adjudicación de los contratos y como exigencia de ejecución", ha apuntado.

A su juicio, el objetivo, entre otros, es que garantice unas "condiciones laborales dignas, incluyendo la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades, mejorar la seguridad y salud laboral, favorecer la formación en el lugar de trabajo, contribuir a la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos, así como asegurar unas condiciones medioambientales adecuadas".

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