La Autoridad Fiscal evaluará los 5.000 millones que se gastan en políticas de empleo

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Las Administraciones públicas desembolsan unos 5.000 millones en mejorar la empleabilidad de los parados, las llamadas políticas activas de empleo. La Intervención y el Tribunal de Cuentas ejercen de auditores y certifican que se cumpla con los requisitos legales. Pero no existe un análisis de sus costes y beneficios, de hasta qué punto esos recursos se están gastando bien. Los expertos siempre han denunciado este hecho. Pero eso va a cambiar. El Gobierno ha encargado a la Autoridad Fiscal que haga un examen pormenorizado de estas políticas.

El Gobierno y Ciudadanos sellaron en agosto del año pasado un pacto de investidura que recogía una revisión en profundidad de la eficacia y la eficiencia de todos los capítulos de gasto, lo que en la jerga se conoce como spending review.

En abril, el Ejecutivo remitió a Bruselas su compromiso de llevarlo a cabo. Y anunció que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se encargaría de esta misión. Solo que el reto de revisar una por una todas las partidas parecía inabarcable. De hecho, en Italia esta tarea se había empantanado por querer examinarlo todo. De modo que se decidió centrar primero el foco en las subvenciones, una rúbrica que en 2015 alcanzó los 33.000 millones incluyendo el gasto en farmacia no hospitalaria, que ronda los 10.000 millones.

Estas cifras de subvenciones incluyen desde los 3.000 millones de subsidios al transporte hasta las ayudas de la Política Agraria Común, pasando por los 1.500 millones en becas, los 500 millones en incentivos al I+D o los 700 millones para cuencas mineras. Sin embargo, en esta primera fase se va a priorizar. Y se pondrá un especial énfasis en las políticas de empleo, cuyo importe suma los 5.000 millones y comprende unos 2.000 millones en bonificaciones a la contratación, otros 2.800 millones de presupuesto de las comunidades para reinsertar parados, y el resto en formación de la antigua Fundación Tripartita y en bonificaciones a la formación demandada por el empresario.

Las Administraciones públicas desembolsan unos 5.000 millones en mejorar la empleabilidad de los parados, las llamadas políticas activas de empleo. La Intervención y el Tribunal de Cuentas ejercen de auditores y certifican que se cumpla con los requisitos legales. Pero no existe un análisis de sus costes y beneficios, de hasta qué punto esos recursos se están gastando bien. Los expertos siempre han denunciado este hecho. Pero eso va a cambiar. El Gobierno ha encargado a la Autoridad Fiscal que haga un examen pormenorizado de estas políticas.

El Gobierno y Ciudadanos sellaron en agosto del año pasado un pacto de investidura que recogía una revisión en profundidad de la eficacia y la eficiencia de todos los capítulos de gasto, lo que en la jerga se conoce como spending review.

En abril, el Ejecutivo remitió a Bruselas su compromiso de llevarlo a cabo. Y anunció que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se encargaría de esta misión. Solo que el reto de revisar una por una todas las partidas parecía inabarcable. De hecho, en Italia esta tarea se había empantanado por querer examinarlo todo. De modo que se decidió centrar primero el foco en las subvenciones, una rúbrica que en 2015 alcanzó los 33.000 millones incluyendo el gasto en farmacia no hospitalaria, que ronda los 10.000 millones.

Estas cifras de subvenciones incluyen desde los 3.000 millones de subsidios al transporte hasta las ayudas de la Política Agraria Común, pasando por los 1.500 millones en becas, los 500 millones en incentivos al I+D o los 700 millones para cuencas mineras. Sin embargo, en esta primera fase se va a priorizar. Y se pondrá un especial énfasis en las políticas de empleo, cuyo importe suma los 5.000 millones y comprende unos 2.000 millones en bonificaciones a la contratación, otros 2.800 millones de presupuesto de las comunidades para reinsertar parados, y el resto en formación de la antigua Fundación Tripartita y en bonificaciones a la formación demandada por el empresario.

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