La solidaridad interterritorial y las quitas del FLA dividen a los expertos

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La reforma de la financiación autonómica es un proceso que se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Poner de acuerdo a las quince comunidades de régimen común, con intereses, problemas y características económicas y demográficas muy dispares, es una tarea difícil que en ediciones pasadas se resolvió poniendo más dinero encima de la mesa.

Un ejemplo de la complejidad de alcanzar un acuerdo es el informe que los 21 expertos elegidos por Hacienda y las comunidades autónomas entregarán hoy al ministro Cristóbal Montoro. El texto, avanzado ayer por Cinco Días, juega con la ambigüedad en algunos puntos polémicos, opta por soluciones salomónicas en otras y, aun así, la mayoría de los expertos emite votos particulares. De hecho, las objeciones suponen casi el 40% del documento.

Si esa discrepancia se produce entre académicos, es fácil imaginar que el debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda del Estado y de las comunidades, no será sencillo.

El voto particular que tiene mayor apoyo dentro del grupo de académicos es el que rechaza la supresión de la cláusula de statu quo. Está firmado por los expertos elegidos por Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y una de las representantes escogidas por Hacienda. Actualmente, el modelo de financiación contempla una cláusula de statu quo que implica que ninguna comunidad puede recibir menos recursos de los que obtendría con el sistema anterior. Es una protección que para la mayoría de expertos genera rigideces y perpetúa los errores.

Sin embargo, para los seis que firman el voto particular, el modelo de financiación tiene limitaciones en los cálculos de necesidades de gasto de las comunidades y la cláusula de statu quo ha actuado como un mecanismo útil para evitar la pérdida de recursos. Si bien el documento definitivo aboga por eliminar el statu quo, añade a continuación que la supresión debería abordarse de forma paulatina. De hecho, defienden que en el primer año de aplicación del nuevo modelo ninguna comunidad pierda en términos absolutos.

Otro punto de fricción clásico es el que hace referencia a la solidaridad interterritorial. La primera cuestión a dilucidar es si debe existir nivelación parcial o total, es decir, si los mecanismos de solidaridad se aplican al conjunto del gasto o solo en aquel relacionado con los servicios fundamentales. Los expertos sortean este espinoso tema al señalar que se trata de un asunto que debe dilucidarse en el ámbito político. Otro aspecto relevante es si se respeta el principio de ordinalidad para que los mecanismos de solidaridad sirvan para reducir las diferencias en financiación por habitante, pero sin modificar el ranking.

Los expertos no hablan explícitamente del principio de ordinalidad, pero su modelo lo contempla. Su propuesta incluye dos fondos principales. Uno que se nutriría con los recursos de la cesta de tributos cedidos y otro, denominado de nivelación vertical, que con recursos aportados por el Estado serviría para reducir la desigualdad en la financiación por habitantes, pero sin alterar el orden de las comunidades autónomos en el ranking de recursos per cápita. Para los expertos de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, la “invocación del principio de ordinalidad (...) no resulta compatible con el principio constitucional de solidaridad” y así lo señalan en su voto particular.

La reforma de la financiación autonómica es un proceso que se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Poner de acuerdo a las quince comunidades de régimen común, con intereses, problemas y características económicas y demográficas muy dispares, es una tarea difícil que en ediciones pasadas se resolvió poniendo más dinero encima de la mesa.

Un ejemplo de la complejidad de alcanzar un acuerdo es el informe que los 21 expertos elegidos por Hacienda y las comunidades autónomas entregarán hoy al ministro Cristóbal Montoro. El texto, avanzado ayer por Cinco Días, juega con la ambigüedad en algunos puntos polémicos, opta por soluciones salomónicas en otras y, aun así, la mayoría de los expertos emite votos particulares. De hecho, las objeciones suponen casi el 40% del documento.

Si esa discrepancia se produce entre académicos, es fácil imaginar que el debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda del Estado y de las comunidades, no será sencillo.

El voto particular que tiene mayor apoyo dentro del grupo de académicos es el que rechaza la supresión de la cláusula de statu quo. Está firmado por los expertos elegidos por Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y una de las representantes escogidas por Hacienda. Actualmente, el modelo de financiación contempla una cláusula de statu quo que implica que ninguna comunidad puede recibir menos recursos de los que obtendría con el sistema anterior. Es una protección que para la mayoría de expertos genera rigideces y perpetúa los errores.

Sin embargo, para los seis que firman el voto particular, el modelo de financiación tiene limitaciones en los cálculos de necesidades de gasto de las comunidades y la cláusula de statu quo ha actuado como un mecanismo útil para evitar la pérdida de recursos. Si bien el documento definitivo aboga por eliminar el statu quo, añade a continuación que la supresión debería abordarse de forma paulatina. De hecho, defienden que en el primer año de aplicación del nuevo modelo ninguna comunidad pierda en términos absolutos.

Otro punto de fricción clásico es el que hace referencia a la solidaridad interterritorial. La primera cuestión a dilucidar es si debe existir nivelación parcial o total, es decir, si los mecanismos de solidaridad se aplican al conjunto del gasto o solo en aquel relacionado con los servicios fundamentales. Los expertos sortean este espinoso tema al señalar que se trata de un asunto que debe dilucidarse en el ámbito político. Otro aspecto relevante es si se respeta el principio de ordinalidad para que los mecanismos de solidaridad sirvan para reducir las diferencias en financiación por habitante, pero sin modificar el ranking.

Los expertos no hablan explícitamente del principio de ordinalidad, pero su modelo lo contempla. Su propuesta incluye dos fondos principales. Uno que se nutriría con los recursos de la cesta de tributos cedidos y otro, denominado de nivelación vertical, que con recursos aportados por el Estado serviría para reducir la desigualdad en la financiación por habitantes, pero sin alterar el orden de las comunidades autónomos en el ranking de recursos per cápita. Para los expertos de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, la “invocación del principio de ordinalidad (...) no resulta compatible con el principio constitucional de solidaridad” y así lo señalan en su voto particular.

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