La negociación de la financiación regional se abre sin visos de acuerdo

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Las posibilidades de alcanzar un pacto que afecte ya a los Presupuestos de 2018 son nulas y el escenario de un acuerdo antes de que finalice esta legislatura también se vislumbra improbable si se tienen en cuenta las diferencias entre las comunidades autónomas y la ausencia de una mayoría clara en el Congreso. Cada vez la tentación de pensar en clave electoral será mayor.

Sólo con el apoyo del PSOE, que Gobierna en siete de las quince comunidades de régimen común y es el principal partido de la oposición, es viable la aprobación de la reforma autonómica. Los 21 expertos elegidos por el Gobierno y las comunidades autónomas entregaron ayer su informe sobre la propuesta de reforma. El documento, que Cinco Días avanzó el miércoles, ilustra bien la dificultad de alcanzar un pacto. Casi la mitad del informe son votos particulares de los académicos para matizar o poner objeciones al texto definitivo.

El grado de solidaridad interterritorial o si se debe mantener una cláusula de statu quo que garantice que ninguna comunidad saldrá perdiendo son algunos de los elementos que generan mayores diferencias entre los expertos y que también separan a las comunidades autónomas. Los intereses que pueda tener una comunidad como Madrid frente a Andalucía o Extremadura son totalmente opuestos. Donde sí existe acuerdo entre los académicos que formaron parte del grupo de sabios es en la propuesta de revisar el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra y exigir que ambas comunidades forales también aporten a la financiación. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy, que cuenta con los votos del PNV para sacar adelante los Presupuestos, no se plantea abrir esta negociación.

El grupo de expertos estuvo formado por cinco académicos elegidos por Hacienda y 16 por las comunidades y ciudades autónomas. País Vasco y Navarra no participaron y Cataluña, inmersa en el proceso soberanista, rehusó involucrarse en la negociación.

“El nuevo modelo de financiación saldrá adelante si hay voluntad política de todos, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de los partidos, especialmente del PSOE y del PP, que gobiernan en buena parte de las autonomías y tienen una amplia mayoría en el Congreso”, declaró Sáenz de Santamaría.

Montoro, por su parte, elogió que los expertos entregaran el documento antes de que expirara el plazo del 10 de agosto y señaló que propondrá un calendario político de negociación. Un encuentro preliminar se celebrará hoy durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un órgano que reúne a los representantes de Hacienda del Gobierno y las comunidades autónomas. En el encuentro, que ya estaba previsto y en el que se fijarán los objetivos de déficit para 2018, Montoro entregará el informe de los expertos a las comunidades. Un acto simbólico, ya que los Gobiernos regionales ya conocen el texto.

En paralelo a la reforma de la financiación autonómica, el Gobierno de Mariano Rajoy también pretende abordar un nuevo reparto de los recursos en el ámbito local. Para ello también se creó una comisión de expertos que entregó ayer su informe. La situación de las cuentas locales es en términos generales positiva. Los ayuntamientos son la única administración que registra superávit, es decir, que ingresa más de lo que gasta. En el corto plazo, la reforma más urgente es reformular el impuesto de plusvalía municipal, una polémica figura que los tribunales han anulado parcialmente porque se aplicaba con independencia de que existiera o no una ganancia real.

Las posibilidades de alcanzar un pacto que afecte ya a los Presupuestos de 2018 son nulas y el escenario de un acuerdo antes de que finalice esta legislatura también se vislumbra improbable si se tienen en cuenta las diferencias entre las comunidades autónomas y la ausencia de una mayoría clara en el Congreso. Cada vez la tentación de pensar en clave electoral será mayor.

Sólo con el apoyo del PSOE, que Gobierna en siete de las quince comunidades de régimen común y es el principal partido de la oposición, es viable la aprobación de la reforma autonómica. Los 21 expertos elegidos por el Gobierno y las comunidades autónomas entregaron ayer su informe sobre la propuesta de reforma. El documento, que Cinco Días avanzó el miércoles, ilustra bien la dificultad de alcanzar un pacto. Casi la mitad del informe son votos particulares de los académicos para matizar o poner objeciones al texto definitivo.

El grado de solidaridad interterritorial o si se debe mantener una cláusula de statu quo que garantice que ninguna comunidad saldrá perdiendo son algunos de los elementos que generan mayores diferencias entre los expertos y que también separan a las comunidades autónomas. Los intereses que pueda tener una comunidad como Madrid frente a Andalucía o Extremadura son totalmente opuestos. Donde sí existe acuerdo entre los académicos que formaron parte del grupo de sabios es en la propuesta de revisar el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra y exigir que ambas comunidades forales también aporten a la financiación. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy, que cuenta con los votos del PNV para sacar adelante los Presupuestos, no se plantea abrir esta negociación.

El grupo de expertos estuvo formado por cinco académicos elegidos por Hacienda y 16 por las comunidades y ciudades autónomas. País Vasco y Navarra no participaron y Cataluña, inmersa en el proceso soberanista, rehusó involucrarse en la negociación.

“El nuevo modelo de financiación saldrá adelante si hay voluntad política de todos, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de los partidos, especialmente del PSOE y del PP, que gobiernan en buena parte de las autonomías y tienen una amplia mayoría en el Congreso”, declaró Sáenz de Santamaría.

Montoro, por su parte, elogió que los expertos entregaran el documento antes de que expirara el plazo del 10 de agosto y señaló que propondrá un calendario político de negociación. Un encuentro preliminar se celebrará hoy durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un órgano que reúne a los representantes de Hacienda del Gobierno y las comunidades autónomas. En el encuentro, que ya estaba previsto y en el que se fijarán los objetivos de déficit para 2018, Montoro entregará el informe de los expertos a las comunidades. Un acto simbólico, ya que los Gobiernos regionales ya conocen el texto.

En paralelo a la reforma de la financiación autonómica, el Gobierno de Mariano Rajoy también pretende abordar un nuevo reparto de los recursos en el ámbito local. Para ello también se creó una comisión de expertos que entregó ayer su informe. La situación de las cuentas locales es en términos generales positiva. Los ayuntamientos son la única administración que registra superávit, es decir, que ingresa más de lo que gasta. En el corto plazo, la reforma más urgente es reformular el impuesto de plusvalía municipal, una polémica figura que los tribunales han anulado parcialmente porque se aplicaba con independencia de que existiera o no una ganancia real.

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