El ‘brexit’ encalla por la resistencia de Londres a cifrar la factura

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Hoy ha terminado la segunda ronda de negociaciones del Brexit y el balance no es bueno. Los negociadores jefes de cada lado, Michel Barnier por los Veintisiete y David Davis, por el Reino Unido, guardaron las formas en la rueda de prensa, pero en privado los funcionarios y diplomáticos europeos no ocultan su frustración con la aparente dejadez de los británicos, especialmente en lo referente al dosier de la factura de salida de la Unión Europea que debe abonar Londres, donde los avances fueron anémicos.

La negociación está estructurada en dos fases. Una primera, en la que los 27 y Reino Unido deben acordar los derechos de los ciudadanos expatriados en cada territorio, los compromisos financieros asumidos por los británicos mientras han sido miembros del club y que deben ser asumidos y la compleja situación político-territorial en la que el Brexit deja la frontera entre Reino Unido e Irlanda en el Ulster. Una vez alcanzado un principio de acuerdo en estos puntos, se avanzaría hacia la segunda fase, donde se concretarán los detalles de la primera y se empezará a esbozar el acuerdo que marcará la relación posterior entre la UE y Reino Unido.

Barnier esperaba que la ronda de negociaciones, que empezó el lunes y terminó hoy, sirviera para que cada parte desvelara, negro sobre blanco, su posición en cada uno de los tres ejes de la primera fase. Pero en uno de los más sensibles, la factura comercial, los británicos llegaron sin papeles. La cifra podría oscilar 24.000 millones y más de 70.000 millones de euros, según varios estudios de think tanks.

"Como he dicho claramente a David [Davis], una clarificación por parte del Reino Unido es indispensable para negociar y lograr progresos suficientes sobre el acuerdo financiero, inseparable de otros elementos del dosier", ha afirmado Barnier en la rueda de prensa posterior a la segunda ronda de negociaciones para pactar las condiciones de salida del Reino Unido de la UE y empezar a esbozar el marco de relación posterior.

Davis, por su parte, ha sido algo más optimista que su homólogo, aunque ha advertido de que todos tendrán que hacer concesiones si se quiere llegar a un acuerdo. Tras calificar las reuniones de estos días de "constructivas" ha afirmado que "hará falta flexibilidad por ambas partes". Según explica una alta fuente comunitaria, en estos momentos solo hay un acuerdo de principios en el que Reino Unido reconoce que sus compromisos financieros se extienden más allá de la fecha de salida de la UE, pero que las reuniones de estos días dieron poco de sí.

Bruselas puso sobre la mesa un análisis legal de todos los compromisos que, en su opinión, Londres debería asumir. Su expectativa era que los negociadores británicos expusieran un documento similar, en el que detallasen qué partidas y conceptos están dispuestos a aceptar y cuáles no, con su correspondiente análisis legal. Pero no hubo tal documento, ni tan siquiera una idea.

"Nosotros pusimos sobre la mesa un análisis de lo que pensamos entra dentro [de la factura], pero Reino Unido no fue capaz de hacer lo mismo, así que lo dejamos. Tuvimos una breve discusión sobre el porcentaje [de participación en el presupuesto] del Reino Unido y las infraestructuras necesarias para continuar con programas europeos en Reino Unido", afirma una alta fuente comunitaria.

Sobre los derechos de los expatriados en cada territorio, el asunto de fondo más peliagudo es el de quién garantizará los derechos que se confieran a los ciudadanos de la UE que residan en Reino Unido. La UE a 27 quiere que, al tratarse de derechos adquiridos por el marco legal europeo, esta labor recaiga sobre el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero los británicos más pro-brexit ven eso como una injerencia en su soberanía. De hecho, salir de la jurisdicción del TJUE era uno de los argumentos que esgrimían para votar a favor del divorcio.

Pero aquí la posición europea es bastante dura. Se basa en que situar al TJUE como garante último de los derechos de los expatriados no es un capricho político, sino una obligación legal.

Hoy ha terminado la segunda ronda de negociaciones del Brexit y el balance no es bueno. Los negociadores jefes de cada lado, Michel Barnier por los Veintisiete y David Davis, por el Reino Unido, guardaron las formas en la rueda de prensa, pero en privado los funcionarios y diplomáticos europeos no ocultan su frustración con la aparente dejadez de los británicos, especialmente en lo referente al dosier de la factura de salida de la Unión Europea que debe abonar Londres, donde los avances fueron anémicos.

La negociación está estructurada en dos fases. Una primera, en la que los 27 y Reino Unido deben acordar los derechos de los ciudadanos expatriados en cada territorio, los compromisos financieros asumidos por los británicos mientras han sido miembros del club y que deben ser asumidos y la compleja situación político-territorial en la que el Brexit deja la frontera entre Reino Unido e Irlanda en el Ulster. Una vez alcanzado un principio de acuerdo en estos puntos, se avanzaría hacia la segunda fase, donde se concretarán los detalles de la primera y se empezará a esbozar el acuerdo que marcará la relación posterior entre la UE y Reino Unido.

Barnier esperaba que la ronda de negociaciones, que empezó el lunes y terminó hoy, sirviera para que cada parte desvelara, negro sobre blanco, su posición en cada uno de los tres ejes de la primera fase. Pero en uno de los más sensibles, la factura comercial, los británicos llegaron sin papeles. La cifra podría oscilar 24.000 millones y más de 70.000 millones de euros, según varios estudios de think tanks.

"Como he dicho claramente a David [Davis], una clarificación por parte del Reino Unido es indispensable para negociar y lograr progresos suficientes sobre el acuerdo financiero, inseparable de otros elementos del dosier", ha afirmado Barnier en la rueda de prensa posterior a la segunda ronda de negociaciones para pactar las condiciones de salida del Reino Unido de la UE y empezar a esbozar el marco de relación posterior.

Davis, por su parte, ha sido algo más optimista que su homólogo, aunque ha advertido de que todos tendrán que hacer concesiones si se quiere llegar a un acuerdo. Tras calificar las reuniones de estos días de "constructivas" ha afirmado que "hará falta flexibilidad por ambas partes". Según explica una alta fuente comunitaria, en estos momentos solo hay un acuerdo de principios en el que Reino Unido reconoce que sus compromisos financieros se extienden más allá de la fecha de salida de la UE, pero que las reuniones de estos días dieron poco de sí.

Bruselas puso sobre la mesa un análisis legal de todos los compromisos que, en su opinión, Londres debería asumir. Su expectativa era que los negociadores británicos expusieran un documento similar, en el que detallasen qué partidas y conceptos están dispuestos a aceptar y cuáles no, con su correspondiente análisis legal. Pero no hubo tal documento, ni tan siquiera una idea.

"Nosotros pusimos sobre la mesa un análisis de lo que pensamos entra dentro [de la factura], pero Reino Unido no fue capaz de hacer lo mismo, así que lo dejamos. Tuvimos una breve discusión sobre el porcentaje [de participación en el presupuesto] del Reino Unido y las infraestructuras necesarias para continuar con programas europeos en Reino Unido", afirma una alta fuente comunitaria.

Sobre los derechos de los expatriados en cada territorio, el asunto de fondo más peliagudo es el de quién garantizará los derechos que se confieran a los ciudadanos de la UE que residan en Reino Unido. La UE a 27 quiere que, al tratarse de derechos adquiridos por el marco legal europeo, esta labor recaiga sobre el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), pero los británicos más pro-brexit ven eso como una injerencia en su soberanía. De hecho, salir de la jurisdicción del TJUE era uno de los argumentos que esgrimían para votar a favor del divorcio.

Pero aquí la posición europea es bastante dura. Se basa en que situar al TJUE como garante último de los derechos de los expatriados no es un capricho político, sino una obligación legal.

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