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La Unión Europea se prepara para poner coto a los fondos que invierten a corto plazo en compañías cotizadas, ya que acaba de aprobar una directiva pionera a nivel mundial que obligará a estos inversores a hacer pública su estrategia de inversión en el sentido más amplio del término. Se trata de la directiva de la Comisión y del Parlamento Europeo 2017/828, de 17 de mayo de 2017, sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas.

La nueva directiva, que deberá trasladarse a los ordenamientos de los estados miembros entre 2018 y 2019 como muy tarde, marca una tendencia "hacia una nueva política legislativa de la Unión Europea en relación con las grandes sociedades cotizadas", tal y como explica Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y responsable de societario de Ramón y Cajal Abogados.

En cuanto a la necesidad de regular este ámbito, este experto se remite a la propia exposición de motivos de la directiva de la UE: "La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que los inversores institucionales y los gestores de sus activos no suelen implicarse en las sociedades en las que invierten" y desde los mercados de capitales "ejercen presión sobre las firmas para que obtengan resultados a corto plazo, poniendo en riesgo las inversiones en I+D y, ligado a ello, la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de las sociedades en perjuicio de éstas, de los inversores últimos (pequeños accionistas) y de la sociedad civil".

En opinión del catedrático, no hay que olvidar que los grandes fondos representan, de media, más del 50% del capital social de las compañías europeas y, por tanto, su estrategia de inversión tiene importantes repercusiones en la evolución de las empresas en las que participan. "Son capaces de controlar grandes porcentajes de un grupo y no hay que confundirlos con un accionista particular, ya que son profesionales de la inversión". Y, según el experto, buscar la rentabilidad a corto plazo no siempre es lo mejor para una compañía, que crea valor en el largo plazo.

Alberto Alonso Ureba explica que cada país podrá llevar esta directiva tan lejos como desee, pero hay unos mínimos que todos deberán exigir. Los fondos de inversión que participen en alguna sociedad cotizada europea, independientemente de dónde tengan su sede (por lo que afectaría también a los de Estados Unidos, principal país de donde proceden este tipo de firmas), deberán publicar información sobre las estrategias de inversión y cómo las aplican; las políticas de implicación en las sociedades y cómo tienen pensado ejercer sus derechos, como el de voto en las juntas; los gestores de activos deberán explicar la composición y rotación de las carteras de valores, es decir, cuándo y por qué compran o venden acciones de una compañía, e incluso tendrán que hacer público los instrumentos que utilicen, como los préstamos.

La Unión Europea se prepara para poner coto a los fondos que invierten a corto plazo en compañías cotizadas, ya que acaba de aprobar una directiva pionera a nivel mundial que obligará a estos inversores a hacer pública su estrategia de inversión en el sentido más amplio del término. Se trata de la directiva de la Comisión y del Parlamento Europeo 2017/828, de 17 de mayo de 2017, sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas.

La nueva directiva, que deberá trasladarse a los ordenamientos de los estados miembros entre 2018 y 2019 como muy tarde, marca una tendencia "hacia una nueva política legislativa de la Unión Europea en relación con las grandes sociedades cotizadas", tal y como explica Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y responsable de societario de Ramón y Cajal Abogados.

En cuanto a la necesidad de regular este ámbito, este experto se remite a la propia exposición de motivos de la directiva de la UE: "La experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que los inversores institucionales y los gestores de sus activos no suelen implicarse en las sociedades en las que invierten" y desde los mercados de capitales "ejercen presión sobre las firmas para que obtengan resultados a corto plazo, poniendo en riesgo las inversiones en I+D y, ligado a ello, la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo de las sociedades en perjuicio de éstas, de los inversores últimos (pequeños accionistas) y de la sociedad civil".

En opinión del catedrático, no hay que olvidar que los grandes fondos representan, de media, más del 50% del capital social de las compañías europeas y, por tanto, su estrategia de inversión tiene importantes repercusiones en la evolución de las empresas en las que participan. "Son capaces de controlar grandes porcentajes de un grupo y no hay que confundirlos con un accionista particular, ya que son profesionales de la inversión". Y, según el experto, buscar la rentabilidad a corto plazo no siempre es lo mejor para una compañía, que crea valor en el largo plazo.

Alberto Alonso Ureba explica que cada país podrá llevar esta directiva tan lejos como desee, pero hay unos mínimos que todos deberán exigir. Los fondos de inversión que participen en alguna sociedad cotizada europea, independientemente de dónde tengan su sede (por lo que afectaría también a los de Estados Unidos, principal país de donde proceden este tipo de firmas), deberán publicar información sobre las estrategias de inversión y cómo las aplican; las políticas de implicación en las sociedades y cómo tienen pensado ejercer sus derechos, como el de voto en las juntas; los gestores de activos deberán explicar la composición y rotación de las carteras de valores, es decir, cuándo y por qué compran o venden acciones de una compañía, e incluso tendrán que hacer público los instrumentos que utilicen, como los préstamos.

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