Economía sacará ya la ley final de regulación bancaria con concesiones al sector

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La supuestamente revolucionaria directiva europea Mifid 2 para que los mercados financieros funcionen mejor, aprobada en mayo de 2014 y prevista para su entrada en vigor el pasado enero, ni siquiera ha sido sometida a consulta pública. La fecha límite oficial venció el pasado 3 de julio. La misión es que esta norma, una trasposición de la europea, aunque el Gobierno cuenta con margen para realizar modificaciones de calado, esté lista antes de que finalice el presente ejercicio, para que entre en vigor el 3 de enero de 2018.

El plan inicial del Ministerio de Economía es publicar el texto casi definitivo, a falta de los últimos retoques y de eventuales modificaciones en su tramitación parlamentaria, este mismo mes, según fuentes financieras conocedoras de la situación. Si bien, existe la posibilidad de que se aplace a septiembre.

La cartera que pilota Luis de Guindos ya diseñó una suerte de esquema de cómo elaboraría la adaptación de la directiva a la normativa española. Este fue sometido a consulta preliminar el 15 de marzo y el plazo concluyó el 3 de mayo. En la normativa final será capital para el sector financiero cómo se regula el cobro de incentivos por la venta de productos.

Una directiva delegada restringe a tres supuestos la capacidad de las entidades –léase, bancos y empresas de servicios de inversión– de embolsarse una parte de las comisiones del fabricante del producto en concepto de un incentivo para su venta.

Fuentes del sector dan por hecho que se introducirá un cuarto supuesto, como han solicitado las patronales financieras. La Asociación Española de Banca (AEB) ya especificó que la regulación debe considerar “las redes de distribución como son las oficinas o el esfuerzo digital (internet o teléfono), que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes”, como explicó a este periódico su portavoz, José Luis Martínez Campuzano.

En la patronal, defienden que debe darse una facilidad a esa red de sucursales con personal formado y con herramientas que permiten hacer una selección muy personalizada para cada cliente.

Desde las asociaciones de usuarios, entre las que destaca Adicae, que ha mantenido una reciente reunión sobre este tema al más alto nivel, se mantiene una oposición frontal a que se abra la puerta al cobro de incentivos con el parapeto de que una entidad cuente con una amplia red. Así, fuentes conocedoras de las negociaciones prevén que Economía sea ecuánime: se dará más libertad al sector, pero al tiempo se respetará el espíritu de la directiva original.

La supuestamente revolucionaria directiva europea Mifid 2 para que los mercados financieros funcionen mejor, aprobada en mayo de 2014 y prevista para su entrada en vigor el pasado enero, ni siquiera ha sido sometida a consulta pública. La fecha límite oficial venció el pasado 3 de julio. La misión es que esta norma, una trasposición de la europea, aunque el Gobierno cuenta con margen para realizar modificaciones de calado, esté lista antes de que finalice el presente ejercicio, para que entre en vigor el 3 de enero de 2018.

El plan inicial del Ministerio de Economía es publicar el texto casi definitivo, a falta de los últimos retoques y de eventuales modificaciones en su tramitación parlamentaria, este mismo mes, según fuentes financieras conocedoras de la situación. Si bien, existe la posibilidad de que se aplace a septiembre.

La cartera que pilota Luis de Guindos ya diseñó una suerte de esquema de cómo elaboraría la adaptación de la directiva a la normativa española. Este fue sometido a consulta preliminar el 15 de marzo y el plazo concluyó el 3 de mayo. En la normativa final será capital para el sector financiero cómo se regula el cobro de incentivos por la venta de productos.

Una directiva delegada restringe a tres supuestos la capacidad de las entidades –léase, bancos y empresas de servicios de inversión– de embolsarse una parte de las comisiones del fabricante del producto en concepto de un incentivo para su venta.

Fuentes del sector dan por hecho que se introducirá un cuarto supuesto, como han solicitado las patronales financieras. La Asociación Española de Banca (AEB) ya especificó que la regulación debe considerar “las redes de distribución como son las oficinas o el esfuerzo digital (internet o teléfono), que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes”, como explicó a este periódico su portavoz, José Luis Martínez Campuzano.

En la patronal, defienden que debe darse una facilidad a esa red de sucursales con personal formado y con herramientas que permiten hacer una selección muy personalizada para cada cliente.

Desde las asociaciones de usuarios, entre las que destaca Adicae, que ha mantenido una reciente reunión sobre este tema al más alto nivel, se mantiene una oposición frontal a que se abra la puerta al cobro de incentivos con el parapeto de que una entidad cuente con una amplia red. Así, fuentes conocedoras de las negociaciones prevén que Economía sea ecuánime: se dará más libertad al sector, pero al tiempo se respetará el espíritu de la directiva original.

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