Montoro y Azpiazu ratifican el acuerdo de Ley del Cupo que supone la paz fiscal hasta 2021

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Los ejecutivos central y vasco acuerdan fijar en 1.300 millones el Cupo para 2017 y mantener el índice de imputación en 6,24% para este quinquenio. También han establecido los objetivos del déficit para este trienio, que será del 0,4% en 2018, 0,1% en 2019, y 0% en 2020, así como cambios en la Ley de Concierto en materia de gestión tributaria, que supondrán que las empresas con sede en territorio común con el 75% de operaciones en Euskadi tributen en esta Comunidad.

La ratificación del acuerdo se realizará en el seno de la Comisión Mixta a las 17.00 horas en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en Madrid. Tras la celebración de la reunión, Azpiazu, junto al resto de participantes atenderá a los medios, según fuentes del Gobierno vasco. La firma del acuerdo y su ratificación se produce tras el pacto alcanzado entre las dos administraciones el pasado mes de mayo sobre las liquidaciones pendientes de Cupo de años anteriores.

Tal como aseguró el consejero de Hacienda, ello permitirá "clarificar el futuro" y supone "un éxito económico y político, que trae una estabilidad deseada y deseable para Euskadi". A su entender, se trata de un "muy buen acuerdo" que permite "continuar con la normalización de las relaciones financieras con el Estado y regularizar determinadas situaciones que complican la gestión de ambas administraciones".

En concreto, el acuerdo para la Ley de Cupo para el quinquenio 2017-2021, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales, establece el Cupo para 2017 en 1.300 millones y mantiene el índice de imputación en el 6,24% para este quinquenio.

Pedro Azpiazu ya precisó que "ha habido un criterio de estabilizar la nueva Ley Quinquenal en términos de continuidad para que no hubiera saltos financieros no deseados por ninguna parte" y se ha mantenido el porcentaje del 6,24% que "no está muy alejado de la realidad de Euskadi" en términos de renta.

En este Cupo están incluidas las compensaciones del impuesto de producción de energía eléctrica que se recaudan en Euskadi, que rondan los 40 millones de euros. Además, hay que compensar las políticas activas de empleo que suman de forma provisional en 2017 cerca de 225 millones, tras restar a los 341 millones de políticas activas que corresponde recibir a Euskadi los 116 millones de bonificaciones que se deben aportar al Estado.

A estas cantidades, se suman las compensaciones por impuestos sobre alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, sobre de cerveza, y sobre hidrocarburos y tabaco, que ascienden a 86 millones. El Gobierno vasco confía en que la nueva Ley de Cupo pueda tener el apoyo de todos los grupos en las Cortes Generales, donde está previsto que comience a tramitarse a partir de septiembre para estar en vigor en enero de 2018. A su juicio, no hay "motivos" para oponerse a ella.

Los ejecutivos central y vasco acuerdan fijar en 1.300 millones el Cupo para 2017 y mantener el índice de imputación en 6,24% para este quinquenio. También han establecido los objetivos del déficit para este trienio, que será del 0,4% en 2018, 0,1% en 2019, y 0% en 2020, así como cambios en la Ley de Concierto en materia de gestión tributaria, que supondrán que las empresas con sede en territorio común con el 75% de operaciones en Euskadi tributen en esta Comunidad.

La ratificación del acuerdo se realizará en el seno de la Comisión Mixta a las 17.00 horas en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en Madrid. Tras la celebración de la reunión, Azpiazu, junto al resto de participantes atenderá a los medios, según fuentes del Gobierno vasco. La firma del acuerdo y su ratificación se produce tras el pacto alcanzado entre las dos administraciones el pasado mes de mayo sobre las liquidaciones pendientes de Cupo de años anteriores.

Tal como aseguró el consejero de Hacienda, ello permitirá "clarificar el futuro" y supone "un éxito económico y político, que trae una estabilidad deseada y deseable para Euskadi". A su entender, se trata de un "muy buen acuerdo" que permite "continuar con la normalización de las relaciones financieras con el Estado y regularizar determinadas situaciones que complican la gestión de ambas administraciones".

En concreto, el acuerdo para la Ley de Cupo para el quinquenio 2017-2021, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales, establece el Cupo para 2017 en 1.300 millones y mantiene el índice de imputación en el 6,24% para este quinquenio.

Pedro Azpiazu ya precisó que "ha habido un criterio de estabilizar la nueva Ley Quinquenal en términos de continuidad para que no hubiera saltos financieros no deseados por ninguna parte" y se ha mantenido el porcentaje del 6,24% que "no está muy alejado de la realidad de Euskadi" en términos de renta.

En este Cupo están incluidas las compensaciones del impuesto de producción de energía eléctrica que se recaudan en Euskadi, que rondan los 40 millones de euros. Además, hay que compensar las políticas activas de empleo que suman de forma provisional en 2017 cerca de 225 millones, tras restar a los 341 millones de políticas activas que corresponde recibir a Euskadi los 116 millones de bonificaciones que se deben aportar al Estado.

A estas cantidades, se suman las compensaciones por impuestos sobre alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, sobre de cerveza, y sobre hidrocarburos y tabaco, que ascienden a 86 millones. El Gobierno vasco confía en que la nueva Ley de Cupo pueda tener el apoyo de todos los grupos en las Cortes Generales, donde está previsto que comience a tramitarse a partir de septiembre para estar en vigor en enero de 2018. A su juicio, no hay "motivos" para oponerse a ella.

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