El juez reclama al FROB toda la documentación que se usó para liquidar Popular

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La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó la pasada semana ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular y por la que la entidad fue vendida al Banco Santander al considerar que dicha resolución es contraria al Derecho.

En el mismo auto, la Audiencia Nacional solicita al FROB que presente ante la misma Sala en un plazo de 20 días todos los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado. La OCU se ha mostrado "satisfecha" con la admisión de este recurso y confía en que el acceso al expediente administrativo sirva para aclarar este procedimiento. La organización espera que esta información permita también depurar responsabilidades en defensa de los pequeños inversores y accionistas minoritarios que perdieron toda su inversión tras esta operación.

En esta misma línea, la OCU también remitió hace unos días una carta a la Comisión Europea solicitando el acceso al expediente íntegro del procedimiento de resolución del Popular, además de continuar estudiando otras posibles acciones, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los afectados obtener una compensación por el perjuicio sufrido.

Esta es la primera de las demandas contra la compra de Popular por parte de Santander que se admite a trámite, pero no será la única. Desde que Ana Botín anunciara la operación, las denuncias contra la liquidación de Popular no han parado.

Distintas organizaciones como la Aemec a través del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y el despacho Durán & Durán han emprendido acciones legales exigiendo dilucidar las posibles responsabilidades penales de la desaparición del banco y compensar a quien ha perdido su dinero. No obstante, cada uno de estos tres frentes ha acusado a distintas personalidades de ser los responsables de la desaparición de la entidad.

Mientras que la OCU culpó al FROB por su resolución, la Aemec señaló al último presidente, Emilio Saracho, y a uno de los principales inversores de Popular, el grupo de la familia Del Valle, al que acusan de haber apostado a la baja contra la acción. El bufete Durán & Durán presentó una denuncia penal contra Saracho por su “fuerte vinculación con Banco Santander” y con JP Morgan, firma de la que fue vicepresidente hasta que llegó a Popular, y a la que se contrató para el fallido proceso de venta del banco.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó la pasada semana ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular y por la que la entidad fue vendida al Banco Santander al considerar que dicha resolución es contraria al Derecho.

En el mismo auto, la Audiencia Nacional solicita al FROB que presente ante la misma Sala en un plazo de 20 días todos los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado. La OCU se ha mostrado "satisfecha" con la admisión de este recurso y confía en que el acceso al expediente administrativo sirva para aclarar este procedimiento. La organización espera que esta información permita también depurar responsabilidades en defensa de los pequeños inversores y accionistas minoritarios que perdieron toda su inversión tras esta operación.

En esta misma línea, la OCU también remitió hace unos días una carta a la Comisión Europea solicitando el acceso al expediente íntegro del procedimiento de resolución del Popular, además de continuar estudiando otras posibles acciones, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los afectados obtener una compensación por el perjuicio sufrido.

Esta es la primera de las demandas contra la compra de Popular por parte de Santander que se admite a trámite, pero no será la única. Desde que Ana Botín anunciara la operación, las denuncias contra la liquidación de Popular no han parado.

Distintas organizaciones como la Aemec a través del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, y el despacho Durán & Durán han emprendido acciones legales exigiendo dilucidar las posibles responsabilidades penales de la desaparición del banco y compensar a quien ha perdido su dinero. No obstante, cada uno de estos tres frentes ha acusado a distintas personalidades de ser los responsables de la desaparición de la entidad.

Mientras que la OCU culpó al FROB por su resolución, la Aemec señaló al último presidente, Emilio Saracho, y a uno de los principales inversores de Popular, el grupo de la familia Del Valle, al que acusan de haber apostado a la baja contra la acción. El bufete Durán & Durán presentó una denuncia penal contra Saracho por su “fuerte vinculación con Banco Santander” y con JP Morgan, firma de la que fue vicepresidente hasta que llegó a Popular, y a la que se contrató para el fallido proceso de venta del banco.

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