Unas quincenas de bufetes se involucran en los litigios por el fin de Banco Popular

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Una quincena de bufetes de abogados se ha involucrado ya en el caso. Mientras que los principales exresponsables de Popular arman sus defensas ante las primeras querellas penales, el grueso de afectados se prepara para presentar recursos por la vía contencioso administrativa contra las autoridades que decretaron el fin del banco.

Los abogados trabajan en esta vía contrarreloj, pues el plazo de dos meses para recurrir la resolución del banco concluye el próximo 7 de agosto. Las apelaciones se dirigen tanto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como principal autoridad española involucrada, como, sobre todo, ante la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que decretó el final de Popular.

Los bufetes centran sus escritos en el controvertido informe de Deloitte usado para valorar Popular, que en principio lo tasó entre -2.000 y -8.000 millones, pero, según trascendió luego, incluía también un escenario en que valía 1.500 millones en positivo, y que ha sido criticado hasta por los inspectores del Banco de España.

De otra parte, los abogados están subrayando el agravio comparativo sufrido por los inversores de Popular en comparación con los de las italianas Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza, saneadas con dinero público y vendidas por un euro a Intesa Sanpaolo con compensaciones para los titulares de deuda subordinada.

Trabajan en estos recursos diversos colectivos afectados, entre los que destacan los grandes inversores de Popular. Es el caso de la familia chilena Luksic, que ha contratado a Roca Junyent, que representó a la infanta Cristina en el caso Noos.

También es la vía finalmente elegida por la familia mexicana Del Valle, que ha contratado a Ontier para el frente español y a Kirkland & Ellis, para las actuaciones internacionales. También la tradicional sindicatura de accionistas, parte de la cual, con la Unión Europea de Inversiones, ligada al Opus Dei, a la cabeza, ha acudido al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

El despacho que preside Javier Cremades representa además a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), primer colectivo en presentar una denuncia por la crisis de Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, y el bufete también acudirá a la vía penal bajo la tesis de que la responsabilidad de lo ocurrido corresponde al último presidente del banco, Emilio Saracho, la consejera Reyes Calderón o el grupo inversor Del Valle, al que acusa de jugar en contra de la entidad. El despacho cuenta ya con un millar de poderes notariales de accionistas que dejan en sus manos lograr un resarcimiento, lo que le posiciona en cabeza de los grupos de demandantes.

También por la vía penal acude la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que de la mano del letrado Eliseo Martínez, del bufete Ius+Aequitas, ha interpuesto una querella contra el expresidente de Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, Pedro Barrio.

Una quincena de bufetes de abogados se ha involucrado ya en el caso. Mientras que los principales exresponsables de Popular arman sus defensas ante las primeras querellas penales, el grueso de afectados se prepara para presentar recursos por la vía contencioso administrativa contra las autoridades que decretaron el fin del banco.

Los abogados trabajan en esta vía contrarreloj, pues el plazo de dos meses para recurrir la resolución del banco concluye el próximo 7 de agosto. Las apelaciones se dirigen tanto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como principal autoridad española involucrada, como, sobre todo, ante la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que decretó el final de Popular.

Los bufetes centran sus escritos en el controvertido informe de Deloitte usado para valorar Popular, que en principio lo tasó entre -2.000 y -8.000 millones, pero, según trascendió luego, incluía también un escenario en que valía 1.500 millones en positivo, y que ha sido criticado hasta por los inspectores del Banco de España.

De otra parte, los abogados están subrayando el agravio comparativo sufrido por los inversores de Popular en comparación con los de las italianas Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza, saneadas con dinero público y vendidas por un euro a Intesa Sanpaolo con compensaciones para los titulares de deuda subordinada.

Trabajan en estos recursos diversos colectivos afectados, entre los que destacan los grandes inversores de Popular. Es el caso de la familia chilena Luksic, que ha contratado a Roca Junyent, que representó a la infanta Cristina en el caso Noos.

También es la vía finalmente elegida por la familia mexicana Del Valle, que ha contratado a Ontier para el frente español y a Kirkland & Ellis, para las actuaciones internacionales. También la tradicional sindicatura de accionistas, parte de la cual, con la Unión Europea de Inversiones, ligada al Opus Dei, a la cabeza, ha acudido al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

El despacho que preside Javier Cremades representa además a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), primer colectivo en presentar una denuncia por la crisis de Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, y el bufete también acudirá a la vía penal bajo la tesis de que la responsabilidad de lo ocurrido corresponde al último presidente del banco, Emilio Saracho, la consejera Reyes Calderón o el grupo inversor Del Valle, al que acusa de jugar en contra de la entidad. El despacho cuenta ya con un millar de poderes notariales de accionistas que dejan en sus manos lograr un resarcimiento, lo que le posiciona en cabeza de los grupos de demandantes.

También por la vía penal acude la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que de la mano del letrado Eliseo Martínez, del bufete Ius+Aequitas, ha interpuesto una querella contra el expresidente de Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, Pedro Barrio.

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