España, único país de la UE en el que estará vigente en 2019 el impuesto de Patrimonio

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La economía española se quedará aislada del resto de Europa a partir del 1 de enero de 2019, al menos en lo que la fiscalidad se refiere. La ambiciosa reforma impositiva recién anunciada en Francia por el Gobierno de Édouard Philippe que incluye la supresión a partir de esa fecha del Impuesto de Patrimonio, en cumplimiento de una de las principales promesas que realizó durante su campaña el presidente Emmanuel Macron, dejará a España como el único país de la Unión Europea que mantiene un gravamen sobre la riqueza personal del contribuyente. Algo que sin duda constituirá una importante rémora para atraer inversiones de las grandes multinacionales procedentes de la relocalización forzada por la salida de Reino Unido del club comunitario.

España se ha quedado retrasada de un proceso de progresiva eliminación de este tipo de gravámenes en territorio europeo que inició Italia en 1992 y que posteriormente han continuado gobiernos de diverso signo político en Austria (1994), Irlanda, Dinamarca y Alemania (1997), Luxemburgo y Finlandia (2006), Suecia (2007), Grecia (2009) y Hungría (2010). Se da la paradoja de que el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anunció su eliminación en el año 2007 con efecto a partir del 1 de enero del año siguiente para intentar reactivar la economía al principio de la recesión, pero lo recuperó con posterioridad para los ejercicios 2011 y 2012, aunque con un nuevo mínimo exento de 700.008 euros, para tratar de contener el desplome generalizado de la recaudación tributaria. Su efecto fue mínimo, pues los ingresos obtenidos por este impuesto pasaron de los 2.121 millones de euros obtenidos en 2007 a sólo 739 millones.

El PP, que se había comprometido antes de las elecciones de 2011 a "dejarlo morir" por boca del propio Cristóbal Montoro -ya que el PSOE lo recuperó con carácter temporal-, lo ha prorrogado de forma anual desde que volvió al Gobierno; primero para paliar la situación de emergencia presupuestaria que se encontró al inicio de la pasada legislatura y, posteriormente, para garantizarse el cumplimiento de los objetivos de déficit público, como reconoció en el programa de estabilidad enviado a Bruselas en octubre.

Y ello a pesar de que la comisión de expertos designados por el Ejecutivo para proponer las bases de la reforma tributaria instó de forma explícita a su derogación por "sus efectos negativos sobre el ahorro", su reducido impacto en la recaudación y debido a la doble imposición que provoca.

Según Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, "el Impuesto de Patrimonio es un tributo ideológico obsoleto, además de injusto y destructor de un ahorro que ya tributó por otros conceptos. En Francia se han dado cuenta de ello, dejando a España sola ante esta aberración tributaria".

La economía española se quedará aislada del resto de Europa a partir del 1 de enero de 2019, al menos en lo que la fiscalidad se refiere. La ambiciosa reforma impositiva recién anunciada en Francia por el Gobierno de Édouard Philippe que incluye la supresión a partir de esa fecha del Impuesto de Patrimonio, en cumplimiento de una de las principales promesas que realizó durante su campaña el presidente Emmanuel Macron, dejará a España como el único país de la Unión Europea que mantiene un gravamen sobre la riqueza personal del contribuyente. Algo que sin duda constituirá una importante rémora para atraer inversiones de las grandes multinacionales procedentes de la relocalización forzada por la salida de Reino Unido del club comunitario.

España se ha quedado retrasada de un proceso de progresiva eliminación de este tipo de gravámenes en territorio europeo que inició Italia en 1992 y que posteriormente han continuado gobiernos de diverso signo político en Austria (1994), Irlanda, Dinamarca y Alemania (1997), Luxemburgo y Finlandia (2006), Suecia (2007), Grecia (2009) y Hungría (2010). Se da la paradoja de que el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anunció su eliminación en el año 2007 con efecto a partir del 1 de enero del año siguiente para intentar reactivar la economía al principio de la recesión, pero lo recuperó con posterioridad para los ejercicios 2011 y 2012, aunque con un nuevo mínimo exento de 700.008 euros, para tratar de contener el desplome generalizado de la recaudación tributaria. Su efecto fue mínimo, pues los ingresos obtenidos por este impuesto pasaron de los 2.121 millones de euros obtenidos en 2007 a sólo 739 millones.

El PP, que se había comprometido antes de las elecciones de 2011 a "dejarlo morir" por boca del propio Cristóbal Montoro -ya que el PSOE lo recuperó con carácter temporal-, lo ha prorrogado de forma anual desde que volvió al Gobierno; primero para paliar la situación de emergencia presupuestaria que se encontró al inicio de la pasada legislatura y, posteriormente, para garantizarse el cumplimiento de los objetivos de déficit público, como reconoció en el programa de estabilidad enviado a Bruselas en octubre.

Y ello a pesar de que la comisión de expertos designados por el Ejecutivo para proponer las bases de la reforma tributaria instó de forma explícita a su derogación por "sus efectos negativos sobre el ahorro", su reducido impacto en la recaudación y debido a la doble imposición que provoca.

Según Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, "el Impuesto de Patrimonio es un tributo ideológico obsoleto, además de injusto y destructor de un ahorro que ya tributó por otros conceptos. En Francia se han dado cuenta de ello, dejando a España sola ante esta aberración tributaria".

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