La carrera judicial lanza una ofensiva por todo el país para mejorar su sistema de trabajo y sus condiciones laborales

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Los jueces están cada vez más organizados y también cada vez más reivindicativos. Las cuatro asociaciones judiciales se han entrevistado con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para entonar un “ya basta” colectivo.

El Gobierno, a su vez, ha decidido tomarlo con calma. En lo material, cederá en todo lo que pueda. De hecho, ya ha empezado a hacerlo. Hay un compromiso de diálogo para la mejora de las retribuciones. En lo político, en cambio, su gran argumento ante las reivindicaciones judiciales es que el PP no tiene mayoría absoluta. Los jueces quieren sobre todo más transparencia y más limpieza en los procesos de ascenso. Y la respuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, es que si quieren cambiar la ley no tienen que hablar sólo con el Gobierno, sino también con el PSOE y con Ciudadanos, como poco.

El último gran lío en esta materia ha ocurrido en la Fiscalía, con el nombramiento y dimisión inducida del ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Pero también entre los jueces ha habido grandes polémicas. Por ejemplo, en relación con la elección de Concha Espejel como presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y la remisión de Eloy Velasco y Enrique López a la Sala de Apelaciones de esa misma instancia. La queja corporativa es que algunas medallas parece que las gana siempre el mismo equipo.

Los jueces quieren hechos. Aspiran, sobre todo, a que los ciudadanos les miren con confianza. Y temen que ahora hay muchos motivos para el recelo. Su denuncia es que la justicia la gobierna un puñado de togas. Son los propios miembros de la carrera judicial los que piensan que hay demasiados jueces con patrocinio y dorsal político. Y no colocado por terceros, sino por ellos mismos, con afán de hacer carrera. En el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la magistratura, se cree, en cambio, que estas quejas tienen que ver con el inicio de una batalla. El año que viene toca renovar el Consejo, y según esta tesis las asociaciones se están moviendo para recuperar protagonismo y colocar luego en mejores posiciones a sus peones.

Al margen de las luchas de poder, los jueces y sus asociaciones creen fundadas las quejas de los ciudadanos por las carencias de todo tipo en el funcionamiento de los juzgados. Reclaman, por tanto, mejoras para la carrera, pero sobre todo para estar en condiciones de hacer mejor su trabajo. No quieren aparecer como un mero movimiento corporativo. Su bandera es la defensa de los derechos de los ciudadanos, y que acudir a un juzgado deje de ser en muchos casos una prueba de paciencia y un íncubo, aunque sólo se vaya como testigo. Lamentan que la informática judicial sea un caos, por la dispersión de los sistemas puestos en marcha por las comunidades autónomas. El Gobierno se ha comprometido a fuertes inversiones en esta materia, para obtener una mejor coordinación y eficacia.

El movimiento asociativo judicial, a su vez, está realizando asambleas por todo el país. Esta vez la magistratura se lo ha tomado como un reto y hay ganas de pelea. Un Gobierno sin mayoría absoluta, pero que saca pecho con la recuperación económica, es por un lado más vulnerable y por otro más asequible. La tesis de las asociaciones es que, si hay más caja o más margen de maniobra, debe haberla para todos.

Los jueces están cada vez más organizados y también cada vez más reivindicativos. Las cuatro asociaciones judiciales se han entrevistado con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para entonar un “ya basta” colectivo.

El Gobierno, a su vez, ha decidido tomarlo con calma. En lo material, cederá en todo lo que pueda. De hecho, ya ha empezado a hacerlo. Hay un compromiso de diálogo para la mejora de las retribuciones. En lo político, en cambio, su gran argumento ante las reivindicaciones judiciales es que el PP no tiene mayoría absoluta. Los jueces quieren sobre todo más transparencia y más limpieza en los procesos de ascenso. Y la respuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, es que si quieren cambiar la ley no tienen que hablar sólo con el Gobierno, sino también con el PSOE y con Ciudadanos, como poco.

El último gran lío en esta materia ha ocurrido en la Fiscalía, con el nombramiento y dimisión inducida del ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Pero también entre los jueces ha habido grandes polémicas. Por ejemplo, en relación con la elección de Concha Espejel como presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y la remisión de Eloy Velasco y Enrique López a la Sala de Apelaciones de esa misma instancia. La queja corporativa es que algunas medallas parece que las gana siempre el mismo equipo.

Los jueces quieren hechos. Aspiran, sobre todo, a que los ciudadanos les miren con confianza. Y temen que ahora hay muchos motivos para el recelo. Su denuncia es que la justicia la gobierna un puñado de togas. Son los propios miembros de la carrera judicial los que piensan que hay demasiados jueces con patrocinio y dorsal político. Y no colocado por terceros, sino por ellos mismos, con afán de hacer carrera. En el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la magistratura, se cree, en cambio, que estas quejas tienen que ver con el inicio de una batalla. El año que viene toca renovar el Consejo, y según esta tesis las asociaciones se están moviendo para recuperar protagonismo y colocar luego en mejores posiciones a sus peones.

Al margen de las luchas de poder, los jueces y sus asociaciones creen fundadas las quejas de los ciudadanos por las carencias de todo tipo en el funcionamiento de los juzgados. Reclaman, por tanto, mejoras para la carrera, pero sobre todo para estar en condiciones de hacer mejor su trabajo. No quieren aparecer como un mero movimiento corporativo. Su bandera es la defensa de los derechos de los ciudadanos, y que acudir a un juzgado deje de ser en muchos casos una prueba de paciencia y un íncubo, aunque sólo se vaya como testigo. Lamentan que la informática judicial sea un caos, por la dispersión de los sistemas puestos en marcha por las comunidades autónomas. El Gobierno se ha comprometido a fuertes inversiones en esta materia, para obtener una mejor coordinación y eficacia.

El movimiento asociativo judicial, a su vez, está realizando asambleas por todo el país. Esta vez la magistratura se lo ha tomado como un reto y hay ganas de pelea. Un Gobierno sin mayoría absoluta, pero que saca pecho con la recuperación económica, es por un lado más vulnerable y por otro más asequible. La tesis de las asociaciones es que, si hay más caja o más margen de maniobra, debe haberla para todos.

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