El Gobierno entrega 1.200 millones a las comunidades por errores de estimación

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El Gobierno comunicó ayer que las desviaciones en la estimación de ingresos públicos correspondientes al 2015 obligan a entregar a las comunidades autónomas cerca de 1.200 millones de euros extras. Esta práctica habitual por parte del Gobierno, que se justifica en el modelo de financiación autonómica vigente, no tiene un efecto neutro sobre las cuentas de las comunidades y especialmente sobre su déficit. En el caso de Catalunya, el Gobierno comunicó que en el 2015 le correspondían 267 millones más y que ahora se les hará entrega.

En abril el Gobierno ya informó de que el error de estimación fue de 1.613 millones sólo para Catalunya. Ahora ha añadido 267 millones más. Si la Generalitat hubiera recibido esos recursos cuando tocaba en el 2015, el déficit no habría sido del 2,89% del PIB, sino del 2,09%. El modelo de financiación se basa en un sistema por el cual el Ministerio de Hacienda entrega a las comunidades autónomas unas cantidades en función de la recaudación prevista. Dos años después, Hacienda revisa los cálculos y liquida con las autonomías el dinero entregado. Si erró en la estimación y el anticipo fue inferior a lo realmente recaudado, realiza una transferencia extra de recursos a la comunidad. En caso contrario, si el anticipo superó a la recaudación, Hacienda reclama al Gobierno autonómico el dinero que se ha ingresado de más. La parte positiva del modelo para comunidades como Catalunya es que en años como este la liquidación de ejercicios pasados les permite disponer de más recursos.

El anuncio sobre los errores de estimación se hizo durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en que con la oposición de al menos seis comunidades el Gobierno amplió en una décima el déficit autonómico para el 2018 y el 2019. “Ahora nos han dado la razón porque ya habíamos dicho que la liquidación no nos parecía adecuada”, declaró el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, a la salida de la reunión, según informa la ACN. Aragonés añadió que los 267 millones “llegan con dos años de retraso”.

La décima de más de déficit implicará en el caso de Catalunya la posibilidad de gastar unos 200 millones de euros más. Con esa décima extra el límite de déficit para el conjunto de las comunidades será del 0,4% del PIB en el 2018. Esa cifra es menos de la mitad del cálculo realizado por la Generalitat, que se eleva al 0,88% y que tiene en cuenta el peso del gasto por administraciones.

Pese a manifestarse contraria a la ampliación del déficit por considerarla insuficiente, Catalunya no pudo votar, ya que sólo pueden hacerlo los consejeros de las autonomías. Oriol Junqueras, como ya ha sucedido en otros consejos, decidió no asistir y delegó en el secretario de Economía. Una de las sorpresas de la reunión fue la abstención de Extremadura –comunidad gobernada por el PSOE–, en contraste con el resto de comunidades gobernadas por este partido, que votaron en contra.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció que la variación de los objetivos de déficit y de deuda públicas para las comunidades autónomas para 2018 “obedece a una negociación política” para sacar adelante los presupuestos del año próximo”. El ministro añadió que esa décima añadida de déficit autonómico es resultado de la mejora en la afiliación en la Seguridad Social, que creció un 3,8% en junio. Sobre la abstención de Extremadura, Montoro la calificó de “muy legitima, de agradecer y muy democrática”. Según el ministro no siempre hay que votar sí o no.

El Gobierno comunicó ayer que las desviaciones en la estimación de ingresos públicos correspondientes al 2015 obligan a entregar a las comunidades autónomas cerca de 1.200 millones de euros extras. Esta práctica habitual por parte del Gobierno, que se justifica en el modelo de financiación autonómica vigente, no tiene un efecto neutro sobre las cuentas de las comunidades y especialmente sobre su déficit. En el caso de Catalunya, el Gobierno comunicó que en el 2015 le correspondían 267 millones más y que ahora se les hará entrega.

En abril el Gobierno ya informó de que el error de estimación fue de 1.613 millones sólo para Catalunya. Ahora ha añadido 267 millones más. Si la Generalitat hubiera recibido esos recursos cuando tocaba en el 2015, el déficit no habría sido del 2,89% del PIB, sino del 2,09%. El modelo de financiación se basa en un sistema por el cual el Ministerio de Hacienda entrega a las comunidades autónomas unas cantidades en función de la recaudación prevista. Dos años después, Hacienda revisa los cálculos y liquida con las autonomías el dinero entregado. Si erró en la estimación y el anticipo fue inferior a lo realmente recaudado, realiza una transferencia extra de recursos a la comunidad. En caso contrario, si el anticipo superó a la recaudación, Hacienda reclama al Gobierno autonómico el dinero que se ha ingresado de más. La parte positiva del modelo para comunidades como Catalunya es que en años como este la liquidación de ejercicios pasados les permite disponer de más recursos.

El anuncio sobre los errores de estimación se hizo durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en que con la oposición de al menos seis comunidades el Gobierno amplió en una décima el déficit autonómico para el 2018 y el 2019. “Ahora nos han dado la razón porque ya habíamos dicho que la liquidación no nos parecía adecuada”, declaró el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, a la salida de la reunión, según informa la ACN. Aragonés añadió que los 267 millones “llegan con dos años de retraso”.

La décima de más de déficit implicará en el caso de Catalunya la posibilidad de gastar unos 200 millones de euros más. Con esa décima extra el límite de déficit para el conjunto de las comunidades será del 0,4% del PIB en el 2018. Esa cifra es menos de la mitad del cálculo realizado por la Generalitat, que se eleva al 0,88% y que tiene en cuenta el peso del gasto por administraciones.

Pese a manifestarse contraria a la ampliación del déficit por considerarla insuficiente, Catalunya no pudo votar, ya que sólo pueden hacerlo los consejeros de las autonomías. Oriol Junqueras, como ya ha sucedido en otros consejos, decidió no asistir y delegó en el secretario de Economía. Una de las sorpresas de la reunión fue la abstención de Extremadura –comunidad gobernada por el PSOE–, en contraste con el resto de comunidades gobernadas por este partido, que votaron en contra.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció que la variación de los objetivos de déficit y de deuda públicas para las comunidades autónomas para 2018 “obedece a una negociación política” para sacar adelante los presupuestos del año próximo”. El ministro añadió que esa décima añadida de déficit autonómico es resultado de la mejora en la afiliación en la Seguridad Social, que creció un 3,8% en junio. Sobre la abstención de Extremadura, Montoro la calificó de “muy legitima, de agradecer y muy democrática”. Según el ministro no siempre hay que votar sí o no.

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