El Tribunal Constitucional ha tumbado la licencia única, la piedra angular de la Ley de Unidad de Mercado

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Patronales, plataformas empresariales y multinacionales de varios sectores alertan de que el fallo supondrá un "retroceso" a una España de 17 islas autonómicas con sus respectivas trabas comerciales y un freno a la inversión.

Jaime Mallet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España (Anchan), cree que la sentencia "pone en entredicho el objetivo principal de la ley de promover un sistema similar al de la unidad de mercado en la UE, que no se hubiera conseguido sin la licencia europea y el modelo de reconocimiento mutuo. Cuesta comprender por qué en un país no se puede implantar y en la UE sí". No entiende a quién puede beneficiar el fallo, sólo a quienes "hacen leyes para tener pequeños monopolios. Las empresas quieren unidad de mercado. Supondrá un freno a la inversión con 17 pequeñas islas, uno de los lastres para España", remacha.

Adolfo Aguilar, presidente de Multinacionales por marca España, cree "necesario seguir desarrollando políticas que favorezcan la unidad de mercado en España y el desarrollo de la competitividad. Es necesario implementar una normativa común o equivalente que facilite la actividad, sin duplicidades y normas diferentes". Así, considera que debe limitarse el desarrollo de normas básicas diferentes sobre un mismo hecho en todas las comunidades y establecer como principio general el reconocimiento mutuo o coordinación de normativas para acabar con la fragmentación del mercado interior, fruto de la existencia de 17 normativas autonómicas distintas".

La sentencia supone un varapalo sobre todo para las pymes, debido a su menor capacidad para hacer frente a los trámites. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) señala que la norma habría permitido "reducir en un 35% las cargas administrativas asociadas a su establecimiento y actividad". Por ello, reclama que el Estado introduzca "estándares mínimos comunes" a todas autonomías.

Por otra parte, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, apunta que el fallo supone "una traba a la creación de empleo" y afecta a las empresas que compiten por contratos en varias comunidades, algunas tiran la toalla y no se presentan". "En la UE se intenta que se pueda vender con una sola licencia, hay que adaptar la Constitución a esta realidad, no tiene sentido que el etiquetado sea distinto en cada región", señala.

Madrid Foro Empresarial indica que la sentencia "es muy negativa para todo tipo de empresas, da igual el tamaño o el sector", ya que "se traducirá en menos ventas y reducciones de plantilla". "Significará un retroceso en nuestro PIB, del 0,15%, 1.500 millones cada año", remarca.

Uno de los principales efectos del Estado autonómico en la economía es la proliferación de distintas leyes que afectan a los más diversos sectores. A la legislación del Gobierno central se ha añadido una catarata de normas y ordenanzas creadas por comunidades y ayuntamientos. Según un informe de CEOE, esta fragmentación normativa "desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial" y cuesta 45.000 millones de euros a España. Para afianzar su tesis, ha recopilado 84 ejemplos de varios sectores que padecen esta "obesidad normativa" en sectores como alimentación, automóvil, construcción, farmacéutico, telecomunicaciones, juego, transporte, comercio, etc.

Patronales, plataformas empresariales y multinacionales de varios sectores alertan de que el fallo supondrá un "retroceso" a una España de 17 islas autonómicas con sus respectivas trabas comerciales y un freno a la inversión.

Jaime Mallet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España (Anchan), cree que la sentencia "pone en entredicho el objetivo principal de la ley de promover un sistema similar al de la unidad de mercado en la UE, que no se hubiera conseguido sin la licencia europea y el modelo de reconocimiento mutuo. Cuesta comprender por qué en un país no se puede implantar y en la UE sí". No entiende a quién puede beneficiar el fallo, sólo a quienes "hacen leyes para tener pequeños monopolios. Las empresas quieren unidad de mercado. Supondrá un freno a la inversión con 17 pequeñas islas, uno de los lastres para España", remacha.

Adolfo Aguilar, presidente de Multinacionales por marca España, cree "necesario seguir desarrollando políticas que favorezcan la unidad de mercado en España y el desarrollo de la competitividad. Es necesario implementar una normativa común o equivalente que facilite la actividad, sin duplicidades y normas diferentes". Así, considera que debe limitarse el desarrollo de normas básicas diferentes sobre un mismo hecho en todas las comunidades y establecer como principio general el reconocimiento mutuo o coordinación de normativas para acabar con la fragmentación del mercado interior, fruto de la existencia de 17 normativas autonómicas distintas".

La sentencia supone un varapalo sobre todo para las pymes, debido a su menor capacidad para hacer frente a los trámites. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) señala que la norma habría permitido "reducir en un 35% las cargas administrativas asociadas a su establecimiento y actividad". Por ello, reclama que el Estado introduzca "estándares mínimos comunes" a todas autonomías.

Por otra parte, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, apunta que el fallo supone "una traba a la creación de empleo" y afecta a las empresas que compiten por contratos en varias comunidades, algunas tiran la toalla y no se presentan". "En la UE se intenta que se pueda vender con una sola licencia, hay que adaptar la Constitución a esta realidad, no tiene sentido que el etiquetado sea distinto en cada región", señala.

Madrid Foro Empresarial indica que la sentencia "es muy negativa para todo tipo de empresas, da igual el tamaño o el sector", ya que "se traducirá en menos ventas y reducciones de plantilla". "Significará un retroceso en nuestro PIB, del 0,15%, 1.500 millones cada año", remarca.

Uno de los principales efectos del Estado autonómico en la economía es la proliferación de distintas leyes que afectan a los más diversos sectores. A la legislación del Gobierno central se ha añadido una catarata de normas y ordenanzas creadas por comunidades y ayuntamientos. Según un informe de CEOE, esta fragmentación normativa "desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial" y cuesta 45.000 millones de euros a España. Para afianzar su tesis, ha recopilado 84 ejemplos de varios sectores que padecen esta "obesidad normativa" en sectores como alimentación, automóvil, construcción, farmacéutico, telecomunicaciones, juego, transporte, comercio, etc.

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