El Gobierno apuesta por el modelo de copia privada que carga la compensación equitativa a los fabricantes de equipos

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El Gobierno español recupera el canon digital. El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto-Ley por el que se reforma el sistema de compensación equitativa por copia privada para adaptarlo a la jurisprudencia europea. La medida llega después de que el pasado noviembre el Tribunal Supremo declarara “nulo” e “inaplicable” el Real Decreto que regulaba el procedimiento de pago de dicha compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Una norma, puesta en marcha en 2012, declarada igualmente ilegal por el Tribunal de la UE en junio de 2016.

La compensación a los autores por las copias privadas que los usuarios hacen de libros, películas o discos volverá a cargarse a los fabricantes y distribuidores de dispositivos tecnológicos (smartphones, tabletas, ordenadores, discos duros y otros soportes para el almacenamiento de datos digitales). El nuevo canon digital, que entrará en vigor en agosto, vuelve, por tanto, al concepto principal con el que entró en vigor durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero exceptúa del pago a las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes adquiridos, y a las entidades integrantes del sector público.

El Real Decreto-Ley aprobado hoy fija una “implantación escalonada” para “facilitar la introducción del nuevo modelo”. Así, el primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la disposición transitoria segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

Transcurrido un año se regulará mediante real decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado, y las sucesivas modificaciones se harán mediante orden ministerial. Se espera un largo período de negociación entre patronal tecnológica, entidades de gestión de derechos de autor y el ministerio de Cultura.

Los importes provisionales que deben abonar los fabricantes son más bajos que la media europea, según destacaron desde la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual (Adepi). De este modo, el gravamen para los DVD vírgenes es de unos 20 céntimos, de 1,10 euros para cada smartphone y de 3,15 euros para cada tableta. En Francia, por ejemplo, los teléfonos inteligentes llevan un recargo de 8 euros, por 6,25 euros en Alemania y de 4 euros en Italia.

“Se graban a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja. Esperamos que sean ajustados con criterios objetivos durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema”, dijeron desde Adepi, al tiempo que aclararon que el nuevo Real Decreto-ley cumple con la Directiva europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, y soluciona “la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias, la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa, lo que ha causado un grave perjuicio a los titulares de derechos”.

El Gobierno español recupera el canon digital. El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto-Ley por el que se reforma el sistema de compensación equitativa por copia privada para adaptarlo a la jurisprudencia europea. La medida llega después de que el pasado noviembre el Tribunal Supremo declarara “nulo” e “inaplicable” el Real Decreto que regulaba el procedimiento de pago de dicha compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Una norma, puesta en marcha en 2012, declarada igualmente ilegal por el Tribunal de la UE en junio de 2016.

La compensación a los autores por las copias privadas que los usuarios hacen de libros, películas o discos volverá a cargarse a los fabricantes y distribuidores de dispositivos tecnológicos (smartphones, tabletas, ordenadores, discos duros y otros soportes para el almacenamiento de datos digitales). El nuevo canon digital, que entrará en vigor en agosto, vuelve, por tanto, al concepto principal con el que entró en vigor durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero exceptúa del pago a las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes adquiridos, y a las entidades integrantes del sector público.

El Real Decreto-Ley aprobado hoy fija una “implantación escalonada” para “facilitar la introducción del nuevo modelo”. Así, el primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la disposición transitoria segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

Transcurrido un año se regulará mediante real decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado, y las sucesivas modificaciones se harán mediante orden ministerial. Se espera un largo período de negociación entre patronal tecnológica, entidades de gestión de derechos de autor y el ministerio de Cultura.

Los importes provisionales que deben abonar los fabricantes son más bajos que la media europea, según destacaron desde la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual (Adepi). De este modo, el gravamen para los DVD vírgenes es de unos 20 céntimos, de 1,10 euros para cada smartphone y de 3,15 euros para cada tableta. En Francia, por ejemplo, los teléfonos inteligentes llevan un recargo de 8 euros, por 6,25 euros en Alemania y de 4 euros en Italia.

“Se graban a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja. Esperamos que sean ajustados con criterios objetivos durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema”, dijeron desde Adepi, al tiempo que aclararon que el nuevo Real Decreto-ley cumple con la Directiva europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, y soluciona “la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias, la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa, lo que ha causado un grave perjuicio a los titulares de derechos”.

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