El PSOE pide al Gobierno que dé los nombres de los que se acogieron a la amnistía fiscal

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En el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, se están estudiando los márgenes legales y las posibles consecuencias, jurídicas y políticas, de divulgar la lista de los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012, técnicamente conocida como declaración tributaria especial (DTE), según han asegurado varias fuentes consultadas.

El asunto se ha puesto sobre la mesa tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la amnistía fiscal, al considerar inadecuado el uso de un decreto ley para ella, pero también cuestionándola por motivos políticos de fondo, especialmente desde la perspectiva de la quiebra de la obligación pública de asegurar que los contribuyentes pagan sus impuestos en función de sus niveles de riqueza y de sus ingresos que, a juicio del Constitucional, implicó la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Como consecuencia de esa sentencia, el ministro ha acabado siendo reprobado en el Congreso de los Diputados. Tanto el fallo judicial como su derivada política han sentado muy mal al ministro, que se considera injustamente acusado de favoritismo hacia determinados sectores económicos y políticos. Y, desde entonces, el debate sobre la posible revelación de la lista de contribuyentes no ha cesado.

Según algunas fuentes, Montoro ya se había planteado incluso insinuar esa disposición a pactar una vía de revisión legal para desvelar los nombres de los contribuyentes en su comparecencia en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados del pasado 21 de junio. Finalmente, no lo hizo.

Durante la sesión, el diputado Julián López Milla, portavoz socialista en la comisión, presionó a Montoro en esa línea: “Haga pública la lista. ¿Necesita cambiar la ley para hacer pública la lista? Ya tiene usted los 84 votos del grupo parlamentario socialista para cambiar la ley (…) en el pasado ya pedimos que se cambiara la ley, presentamos una proposición para cambiar la ley y la votaron en contra (…) pueden ustedes coger nuestra proposición y utilizarla”.

Pese a las expectativas que se habían instalado en círculos políticos, Montoro no entró al trapo, aunque dejó ir en una de sus réplicas al portavoz socialista que “sólo hay ineludible la muerte y los impuestos. El resto es recuperable y basta con que sus señorías, los grupos políticos, traigan las iniciativas a esta Cámara”.

Pese a ese repliegue, las fuentes consultadas, aseguran sin embargo que en Hacienda han seguido estudiando las posibles iniciativas necesarias para su viabilidad. La opinión de Montoro, sigue sin haberse decantado en uno u otro sentido, aseguran las fuentes consultadas, aunque pesa mucho en su ánimo el deseo de no reabrir un nuevo frente, cuando están pendientes la aprobación del techo de gasto público del 2018 y las peticiones para que asuma una nueva rebaja del IRPF.

En el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, se están estudiando los márgenes legales y las posibles consecuencias, jurídicas y políticas, de divulgar la lista de los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012, técnicamente conocida como declaración tributaria especial (DTE), según han asegurado varias fuentes consultadas.

El asunto se ha puesto sobre la mesa tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la amnistía fiscal, al considerar inadecuado el uso de un decreto ley para ella, pero también cuestionándola por motivos políticos de fondo, especialmente desde la perspectiva de la quiebra de la obligación pública de asegurar que los contribuyentes pagan sus impuestos en función de sus niveles de riqueza y de sus ingresos que, a juicio del Constitucional, implicó la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Como consecuencia de esa sentencia, el ministro ha acabado siendo reprobado en el Congreso de los Diputados. Tanto el fallo judicial como su derivada política han sentado muy mal al ministro, que se considera injustamente acusado de favoritismo hacia determinados sectores económicos y políticos. Y, desde entonces, el debate sobre la posible revelación de la lista de contribuyentes no ha cesado.

Según algunas fuentes, Montoro ya se había planteado incluso insinuar esa disposición a pactar una vía de revisión legal para desvelar los nombres de los contribuyentes en su comparecencia en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados del pasado 21 de junio. Finalmente, no lo hizo.

Durante la sesión, el diputado Julián López Milla, portavoz socialista en la comisión, presionó a Montoro en esa línea: “Haga pública la lista. ¿Necesita cambiar la ley para hacer pública la lista? Ya tiene usted los 84 votos del grupo parlamentario socialista para cambiar la ley (…) en el pasado ya pedimos que se cambiara la ley, presentamos una proposición para cambiar la ley y la votaron en contra (…) pueden ustedes coger nuestra proposición y utilizarla”.

Pese a las expectativas que se habían instalado en círculos políticos, Montoro no entró al trapo, aunque dejó ir en una de sus réplicas al portavoz socialista que “sólo hay ineludible la muerte y los impuestos. El resto es recuperable y basta con que sus señorías, los grupos políticos, traigan las iniciativas a esta Cámara”.

Pese a ese repliegue, las fuentes consultadas, aseguran sin embargo que en Hacienda han seguido estudiando las posibles iniciativas necesarias para su viabilidad. La opinión de Montoro, sigue sin haberse decantado en uno u otro sentido, aseguran las fuentes consultadas, aunque pesa mucho en su ánimo el deseo de no reabrir un nuevo frente, cuando están pendientes la aprobación del techo de gasto público del 2018 y las peticiones para que asuma una nueva rebaja del IRPF.

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