Las exenciones a la Iglesia pueden ser ayudas de Estado prohibidas

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28 junio, 2017
La recaudación por IVA y Sociedades se dispara
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Así lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a la consulta prejudicial planteada por un juez de Madrid sobre el derecho de una escuela católica a quedar exenta de pagar impuestos por una obra de remodelación de su salón de actos.

El dictamen comunitario deja en el aire uno de los pilares del acuerdo económico sellado entre España y la Santa Sede, por el que la Iglesia Católica ahorra cientos de millones de euros al año en impuestos, al poner en duda que los negocios de la congregación queden exentos de tributar.

Este acuerdo con el Vaticano data de 1979. Fue revisado por el Gobierno del PSOE en 2006 cuando, a cambio de comenzar a pagar el IVA por las actividades no religiosas o de enseñanza como exigía la UE, la asignación del impuesto del IRPF a la Iglesia se elevó del 0,52% al 0,7%.

Se mantuvieron, sin embargo, determinadas deducciones y exenciones sobre tributos de todo tipo como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los de donaciones y limosnas, el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Sociedades, el de actividades económicas, contribuciones especiales o el de obras, que es al que atañe el último dictamen del TJUE.

“Como consecuencia de exenciones de impuestos las diferentes administraciones del Estado (central, autonómico y municipal) dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros”, de los que el IBI supondría unos 700 millones de euros, detallan desde la asociación Europa Laica, admitiendo que se trata de un “cálculo aproximado, ya que al ser muy opacos los bienes de la Iglesia católica”, no hay forma de dar una cifra exacta.

No ofrecen detalles sobre este extremo ni la Agencia Tributaria ni la Conferencia Episcopal. Esta última emitió un comunicado este martes anunciando que el fallo del TJUE “está en fase de estudio por los servicios jurídicos de la Conferencia dada la complejidad de la temática. En todo caso, la Conferencia Episcopal, como siempre, actuará respetando el ordenamiento jurídico vigente”.

El dictamen europeo se originó por el pago al Ayuntamiento de Getafe de 23.730 euros en concepto del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras por parte del colegio católico La Inmaculada, de la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, en relación a las obras de remodelación del salón de actos que se llevaron a cabo en 2011 para dotarlo de 450 asientos.

Así lo advirtió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a la consulta prejudicial planteada por un juez de Madrid sobre el derecho de una escuela católica a quedar exenta de pagar impuestos por una obra de remodelación de su salón de actos.

El dictamen comunitario deja en el aire uno de los pilares del acuerdo económico sellado entre España y la Santa Sede, por el que la Iglesia Católica ahorra cientos de millones de euros al año en impuestos, al poner en duda que los negocios de la congregación queden exentos de tributar.

Este acuerdo con el Vaticano data de 1979. Fue revisado por el Gobierno del PSOE en 2006 cuando, a cambio de comenzar a pagar el IVA por las actividades no religiosas o de enseñanza como exigía la UE, la asignación del impuesto del IRPF a la Iglesia se elevó del 0,52% al 0,7%.

Se mantuvieron, sin embargo, determinadas deducciones y exenciones sobre tributos de todo tipo como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los de donaciones y limosnas, el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Sociedades, el de actividades económicas, contribuciones especiales o el de obras, que es al que atañe el último dictamen del TJUE.

“Como consecuencia de exenciones de impuestos las diferentes administraciones del Estado (central, autonómico y municipal) dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros”, de los que el IBI supondría unos 700 millones de euros, detallan desde la asociación Europa Laica, admitiendo que se trata de un “cálculo aproximado, ya que al ser muy opacos los bienes de la Iglesia católica”, no hay forma de dar una cifra exacta.

No ofrecen detalles sobre este extremo ni la Agencia Tributaria ni la Conferencia Episcopal. Esta última emitió un comunicado este martes anunciando que el fallo del TJUE “está en fase de estudio por los servicios jurídicos de la Conferencia dada la complejidad de la temática. En todo caso, la Conferencia Episcopal, como siempre, actuará respetando el ordenamiento jurídico vigente”.

El dictamen europeo se originó por el pago al Ayuntamiento de Getafe de 23.730 euros en concepto del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras por parte del colegio católico La Inmaculada, de la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, en relación a las obras de remodelación del salón de actos que se llevaron a cabo en 2011 para dotarlo de 450 asientos.

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