El CGPJ advierte que la reforma hipotecaria planteada no basta

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Así se deriva, al menos, del informe emitido por el Conejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el texto del anteproyecto. Este, expone el órgano en una evaluación solicitada por el Ministerio de Justicia, no basta para incorporar a la legislación española todas las garantías de protección al consumidor hipotecario que comporta la directiva europea que España lleva más de un año de retraso en transponer.

Pese a todo, fuentes conocedoras del proceso revelan que, aunque el Ejecutivo maneja un nuevo borrador de la reforma hipotecaria revisado este mes, el texto apenas incluye cambios menores frente al texto anterior. Es más, tras negociar con distintas fuerzas políticas, el Gobierno prevé iniciar una tramitación parlamentaria ordinaria del anteproyecto en las próximas semanas, antes del parón veraniego en el Congreso de los Diputados, para su discusión a partir de septiembre.

La valoración del CGPJ se enmarca en la función consultiva que el órgano de gobierno de los jueces ofrece sobre los anteproyectos de leyes y las disposiciones generales que afecten a aspectos jurídico-constitucionales. Incluye consideraciones de técnica legislativa, terminología y otras apreciaciones sobre la aplicación que, en última instancia, harán los juzgados de las nuevas normas.

“El prelegislador ha optado por llevar a cabo la transposición de la Directiva europea 2014/17 mediante una ley que no incorpora la totalidad de las previsiones de la norma europea”, denuncia el informe del CGPJ. “Buena muestra de ello es la ausencia de regulación de la información que debe figurar en la publicidad” de los contratos hipotecarios, subraya el documento que también apunta a la falta de incorporación del contenido de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) de la hipoteca o de un cálculo homogéneo de la Tasa Anual de Equivalencia (TAE), aspectos que “constituyen el núcleo sobre el que se proyecta la máxima armonización buscada por la directiva”.

Así se deriva, al menos, del informe emitido por el Conejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el texto del anteproyecto. Este, expone el órgano en una evaluación solicitada por el Ministerio de Justicia, no basta para incorporar a la legislación española todas las garantías de protección al consumidor hipotecario que comporta la directiva europea que España lleva más de un año de retraso en transponer.

Pese a todo, fuentes conocedoras del proceso revelan que, aunque el Ejecutivo maneja un nuevo borrador de la reforma hipotecaria revisado este mes, el texto apenas incluye cambios menores frente al texto anterior. Es más, tras negociar con distintas fuerzas políticas, el Gobierno prevé iniciar una tramitación parlamentaria ordinaria del anteproyecto en las próximas semanas, antes del parón veraniego en el Congreso de los Diputados, para su discusión a partir de septiembre.

La valoración del CGPJ se enmarca en la función consultiva que el órgano de gobierno de los jueces ofrece sobre los anteproyectos de leyes y las disposiciones generales que afecten a aspectos jurídico-constitucionales. Incluye consideraciones de técnica legislativa, terminología y otras apreciaciones sobre la aplicación que, en última instancia, harán los juzgados de las nuevas normas.

“El prelegislador ha optado por llevar a cabo la transposición de la Directiva europea 2014/17 mediante una ley que no incorpora la totalidad de las previsiones de la norma europea”, denuncia el informe del CGPJ. “Buena muestra de ello es la ausencia de regulación de la información que debe figurar en la publicidad” de los contratos hipotecarios, subraya el documento que también apunta a la falta de incorporación del contenido de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) de la hipoteca o de un cálculo homogéneo de la Tasa Anual de Equivalencia (TAE), aspectos que “constituyen el núcleo sobre el que se proyecta la máxima armonización buscada por la directiva”.

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