Los jueces nacionales prefieren preguntar al TJUE que al Constitucional

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Existe una clara tendencia a que los jueces, ante una duda en la aplicación o interpretación de una norma, opten por interponer una cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo, en vez de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entre otros motivos, cabe destacar la diferencia de tiempo que ambos invierten en la resolución de este tipo de cuestiones. Mientras que el TJUE tarda de media unos 15 meses, según datos de 2016, el Tribunal Constitucional suele tardar años en resolver las cuestiones de inconstitucionalidad.

Además, a pesar de que los jueces aplican directamente la jurisprudencia comunitaria, es cierto que según señala Cristóbal Molina "cuando van a apartarse de la jurisprudencia nacional prefieren contar con el aval del TJUE". También califica esta tendencia como un "activismo creativo del Derecho" que conlleva "la convivencia entre el antiguo sistema concentrado de última palabra de Tribunal Supremo, y uno más difuso y plural donde los niveles inferiores de la jurisdicción adquieren mayor protagonismo".

Por otro lado, otra de las conclusiones del trabajo de Cristóbal Molina es que, con la interposición de cuestiones prejudiciales ante el TJUE, los jueces nacionales realizan "una crítica a leyes de austeridad que han supuesto determinados excesos en favor de los más fuertes creando una jurisprudencia socialmente alternativa". Es decir, los jueces emplean este mecanismo con el objetivo de reducir determinadas injusticias sociales que existen en leyes nacionales.

Parece, por tanto, que las sentencias del TJUE suponen una protección del contratante más débil frente a los efectos a veces abusivos de la legislación nacional hipotecaria y laboral. Pero ello no siempre es así. Según señala el autor, "el TJUE no es ni un héroe social ni un villano económico". La ambigüedad de los pronunciamientos del tribunal europeo deja un amplio margen a la interpretación al órgano nacional que finalmente le va a juzgar, lo que puede suponer una elevada inseguridad jurídica respecto a temas de tanta importancia para los ciudadanos.

La cuestión prejudicial de interpretación está definida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como un mecanismo de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A través de ella, los jueces nacionales se convierten en garantes de la efectividad de los derechos y principios que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea reconoce a los particulares.

Existe una clara tendencia a que los jueces, ante una duda en la aplicación o interpretación de una norma, opten por interponer una cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo, en vez de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entre otros motivos, cabe destacar la diferencia de tiempo que ambos invierten en la resolución de este tipo de cuestiones. Mientras que el TJUE tarda de media unos 15 meses, según datos de 2016, el Tribunal Constitucional suele tardar años en resolver las cuestiones de inconstitucionalidad.

Además, a pesar de que los jueces aplican directamente la jurisprudencia comunitaria, es cierto que según señala Cristóbal Molina "cuando van a apartarse de la jurisprudencia nacional prefieren contar con el aval del TJUE". También califica esta tendencia como un "activismo creativo del Derecho" que conlleva "la convivencia entre el antiguo sistema concentrado de última palabra de Tribunal Supremo, y uno más difuso y plural donde los niveles inferiores de la jurisdicción adquieren mayor protagonismo".

Por otro lado, otra de las conclusiones del trabajo de Cristóbal Molina es que, con la interposición de cuestiones prejudiciales ante el TJUE, los jueces nacionales realizan "una crítica a leyes de austeridad que han supuesto determinados excesos en favor de los más fuertes creando una jurisprudencia socialmente alternativa". Es decir, los jueces emplean este mecanismo con el objetivo de reducir determinadas injusticias sociales que existen en leyes nacionales.

Parece, por tanto, que las sentencias del TJUE suponen una protección del contratante más débil frente a los efectos a veces abusivos de la legislación nacional hipotecaria y laboral. Pero ello no siempre es así. Según señala el autor, "el TJUE no es ni un héroe social ni un villano económico". La ambigüedad de los pronunciamientos del tribunal europeo deja un amplio margen a la interpretación al órgano nacional que finalmente le va a juzgar, lo que puede suponer una elevada inseguridad jurídica respecto a temas de tanta importancia para los ciudadanos.

La cuestión prejudicial de interpretación está definida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como un mecanismo de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A través de ella, los jueces nacionales se convierten en garantes de la efectividad de los derechos y principios que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea reconoce a los particulares.

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