Cataluña se enfrenta a una deslocalización de empresas por la tasa del azúcar

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La Generalitat de Cataluña se enfrenta a una deslocalización de empresas si no da marcha atrás y elimina la nueva tasa que grava las bebidas azucaradas. Doce patronales del sector alimentario que engloban el conjunto de la cadena -agricultura, industria y distribución- han firmado un manifiesto en el que aseguran que "el impuesto incentiva la deslocalización de empresas de distribución fuera de Cataluña o incluso fuera del territorio nacional".

El manifiesto está elaborado por el despacho de abogados Uría y es la base con la que estas organizaciones -Asaja, Coag, IPA, Cooperativas Agroalimenterias, Fiab, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, Aces, Fehr y Marcas de Restauración- han reclamado al Gobierno que denuncie ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto catalán a las bebidas azucaradas.

"Una empresa de distribución de bebidas que se estableciera en el extranjero, pero suficientemente próxima para poder seguir suministrando el producto, no soportaría las consecuencias del impuesto", se asegura en el manifiesto. "Esta circunstancia supone un obstáculo a la libre circulación de personas o a la ubicación de empresas dentro del territorio español y promueve la deslocalización de los distribuidores y suministradores", insisten.

El informe de Uría mantiene que el impuesto vulnera además el principio de territorialidad, la prohibición de una doble imposición (son productos que ya grava el IVA), la seguridad jurídica, los derechos de igualdad y no discriminación y los principios constitucionales en materia de imposición tributaria.

El director general de la patronal alimentaria Fiab, Mauricio García de Quevedo, explicó ante todo ello que hay "motivos suficientes para que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto", pero si no es así, admitió que se estudiarán todas las vías legales posibles para tratar de frenarlo.

La Generalitat de Cataluña se enfrenta a una deslocalización de empresas si no da marcha atrás y elimina la nueva tasa que grava las bebidas azucaradas. Doce patronales del sector alimentario que engloban el conjunto de la cadena -agricultura, industria y distribución- han firmado un manifiesto en el que aseguran que "el impuesto incentiva la deslocalización de empresas de distribución fuera de Cataluña o incluso fuera del territorio nacional".

El manifiesto está elaborado por el despacho de abogados Uría y es la base con la que estas organizaciones -Asaja, Coag, IPA, Cooperativas Agroalimenterias, Fiab, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, Aces, Fehr y Marcas de Restauración- han reclamado al Gobierno que denuncie ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto catalán a las bebidas azucaradas.

"Una empresa de distribución de bebidas que se estableciera en el extranjero, pero suficientemente próxima para poder seguir suministrando el producto, no soportaría las consecuencias del impuesto", se asegura en el manifiesto. "Esta circunstancia supone un obstáculo a la libre circulación de personas o a la ubicación de empresas dentro del territorio español y promueve la deslocalización de los distribuidores y suministradores", insisten.

El informe de Uría mantiene que el impuesto vulnera además el principio de territorialidad, la prohibición de una doble imposición (son productos que ya grava el IVA), la seguridad jurídica, los derechos de igualdad y no discriminación y los principios constitucionales en materia de imposición tributaria.

El director general de la patronal alimentaria Fiab, Mauricio García de Quevedo, explicó ante todo ello que hay "motivos suficientes para que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto", pero si no es así, admitió que se estudiarán todas las vías legales posibles para tratar de frenarlo.

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