Bruselas exige que se eliminen las trabas para reclamar tras un veredicto del Tribunal europeo

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La Comisión Europea ha abierto expediente contra España por las medidas legales adoptadas para restringir y dificultar las posibilidades de reclamar una indemnización al Estado cuando la administración infringe el derecho comunitario.

El Gobierno se blindó tras la llamada sentencia sobre el céntimo sanitario de febrero de 2014, en la que el Tribunal de Justicia europeo anuló el recargo impositivo sobre los combustibles destinados a financiar la sanidad y expuso al ministerio de Hacienda a unas devoluciones potenciales de 3.000 millones de euros.

La ley 40/2015 sobre responsabilidad patrimonial del Estado aprobada un año después endureció drásticamente las posibilidades de reclamar una indemnización tras un veredicto europeo. Bruselas acusa a España de “hacer que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE”. La CE considera, además, que el Gobierno ha establecido condiciones más duras para reclamar a raíz de una infracción de la legislación europea que cuando se trata de una infracción de la legislación española.

El organismo comunitario, presidido por Jean-Claude Juncker, concede a España un plazo de dos meses para alegar. Si el conflicto se mantiene, Bruselas podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo, aunque los especialistas en derecho comunitario creen que el Gobierno tiene todas las de perder y rectificará antes de llegar a la Corte de Luxemburgo.

El abogado Isaac Ibáñez García, que presentó ante la CE la denuncia que al parecer ha desencadenado el expediente contra España, se muestra convencido de que “la norma es contraria al Derecho de la UE porque hace prácticamente imposible o muy difícil obtener una indemnización, sobre todo, para el ciudadano medio”.

Para pedir una indemnización tras un fallo del Tribunal europeo, la norma española exige haber reclamado y ganado con anterioridad ante un tribunal nacional. La ley también fija un plazo para reclamar de un año a partir de la sentencia del Tribunal europeo, por lo que los damnificados más recientes tal vez ni siquiera hayan tenido tiempo de defenderse a nivel nacional.

La combinación de ambas medidas puede dejar indefensa a gran parte de la población perjudicada por una norma ilegal, salvo que hayan recurrido de manera previa para protegerse. El Consejo de Ministros, a instancia de Montoro, rechazó las reclamaciones de 1.395, aunque el Supremo obligó después a aceptarlas. La nueva ley, que entró en vigor en octubre de 2016, pretende evitar que se repita otro tropezón presupuestario, aunque sea a costa de denegar el legítimo derecho a una compensación.

La Comisión Europea ha abierto expediente contra España por las medidas legales adoptadas para restringir y dificultar las posibilidades de reclamar una indemnización al Estado cuando la administración infringe el derecho comunitario.

El Gobierno se blindó tras la llamada sentencia sobre el céntimo sanitario de febrero de 2014, en la que el Tribunal de Justicia europeo anuló el recargo impositivo sobre los combustibles destinados a financiar la sanidad y expuso al ministerio de Hacienda a unas devoluciones potenciales de 3.000 millones de euros.

La ley 40/2015 sobre responsabilidad patrimonial del Estado aprobada un año después endureció drásticamente las posibilidades de reclamar una indemnización tras un veredicto europeo. Bruselas acusa a España de “hacer que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE”. La CE considera, además, que el Gobierno ha establecido condiciones más duras para reclamar a raíz de una infracción de la legislación europea que cuando se trata de una infracción de la legislación española.

El organismo comunitario, presidido por Jean-Claude Juncker, concede a España un plazo de dos meses para alegar. Si el conflicto se mantiene, Bruselas podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo, aunque los especialistas en derecho comunitario creen que el Gobierno tiene todas las de perder y rectificará antes de llegar a la Corte de Luxemburgo.

El abogado Isaac Ibáñez García, que presentó ante la CE la denuncia que al parecer ha desencadenado el expediente contra España, se muestra convencido de que “la norma es contraria al Derecho de la UE porque hace prácticamente imposible o muy difícil obtener una indemnización, sobre todo, para el ciudadano medio”.

Para pedir una indemnización tras un fallo del Tribunal europeo, la norma española exige haber reclamado y ganado con anterioridad ante un tribunal nacional. La ley también fija un plazo para reclamar de un año a partir de la sentencia del Tribunal europeo, por lo que los damnificados más recientes tal vez ni siquiera hayan tenido tiempo de defenderse a nivel nacional.

La combinación de ambas medidas puede dejar indefensa a gran parte de la población perjudicada por una norma ilegal, salvo que hayan recurrido de manera previa para protegerse. El Consejo de Ministros, a instancia de Montoro, rechazó las reclamaciones de 1.395, aunque el Supremo obligó después a aceptarlas. La nueva ley, que entró en vigor en octubre de 2016, pretende evitar que se repita otro tropezón presupuestario, aunque sea a costa de denegar el legítimo derecho a una compensación.

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