El REAF estima que España pierde 26.000 millones por la economía sumergida

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Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) abordó ayer el fenómeno del fraude fiscal en unas jornadas en las que reclamó que Hacienda reduzca los recargos que aplica para los contribuyentes que voluntariamente regularizan su situación fiscal. Jesús Gascón, exdirector general de Tributos, destacó que la legislación actual, que fija un recargo del 20% y los correspondientes intereses de demora para los que afloran ante el fisco rentas no declaradas resulta poco atractivo para que los contribuyentes opten por regularizar su situación.

En la misma línea, el presidente del REAF, Jesús Sanmartín, señaló que, ante el elevado recargo vigente, a un ciudadano que ha ocultado rentas al fisco le puede resultar más interesante confiar en que la Agencia Tributaria no detectará el fraude que ponerse al día con Hacienda. Los expertos indican que, al menos para aquellos casos en los que no ha existido mala fe y se trata de meros errores, la legislación debería facilitar la regularización voluntaria con un menor coste. Aun así, el REAF no concretó una propuesta para reducir los recargos por declaraciones extemporáneas.

El presidente del Colegio de Economistas, Valentí Pich, se mostró crítico con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la amnistía fiscal de 2012 y se alineó con la tesis del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al destacar que el proceso de regularización extraordinaria, unido a la nueva obligación de declarar bienes en el exterior, ha permitido incrementar las bases imponibles y elevar los ingresos tributarios. La sentencia del Constitucional anuló la amnistía por un defecto de forma al entender que no podía aprobarse por decreto-ley. Aun así, el Alto Tribunal afea con dureza la medida del Gobierno porque que vulnera el principio constitucional de capacidad económica.

Jesús Quintas, exsubdirector de Tributos y que participó en el debate, defendió que en ocasiones es preferible ser cínico a la hora de abordar la lucha contra el fraude. Señaló que al Estado le resulta más rentable dar ciertas facilidades a quien evadió a cambio de que vuelva al redil y tribute nuevamente.

El REAF presentó un informe en el que muestra su recelo hacia los estudios que tratan de medir la economía sumergida y cuantificar el fraude fiscal. Tras destaca que ambos conceptos no son sinónimos, Quintas rechazó informes que apuntan que España pierde por recaudación 72.709 millones al año por la economía sumergida. Tras analizar diversos estudios, los asesores fiscales estiman que la Agencia Tributaria deja de ingresar por la economía sumergida unos 26.000 millones de euros.

El REAF presentó un documento con 20 propuestas para reducir el fraude. Más allá de rebajar los recargos por declaraciones extemporáneas, los asesores fiscales pidieron poner mayor énfasis en la educación cívica. Para ello, reclamaron también que los medios de comunicación huyan del “sensacionalismo” en las informaciones fiscales. Entre otras medidas, el REAF apuesta por intensificar el uso de los medios de pago electrónicos para “facilitar el control de operaciones”. Actualmente, la ley prohíbe los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros.

Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) abordó ayer el fenómeno del fraude fiscal en unas jornadas en las que reclamó que Hacienda reduzca los recargos que aplica para los contribuyentes que voluntariamente regularizan su situación fiscal. Jesús Gascón, exdirector general de Tributos, destacó que la legislación actual, que fija un recargo del 20% y los correspondientes intereses de demora para los que afloran ante el fisco rentas no declaradas resulta poco atractivo para que los contribuyentes opten por regularizar su situación.

En la misma línea, el presidente del REAF, Jesús Sanmartín, señaló que, ante el elevado recargo vigente, a un ciudadano que ha ocultado rentas al fisco le puede resultar más interesante confiar en que la Agencia Tributaria no detectará el fraude que ponerse al día con Hacienda. Los expertos indican que, al menos para aquellos casos en los que no ha existido mala fe y se trata de meros errores, la legislación debería facilitar la regularización voluntaria con un menor coste. Aun así, el REAF no concretó una propuesta para reducir los recargos por declaraciones extemporáneas.

El presidente del Colegio de Economistas, Valentí Pich, se mostró crítico con la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la amnistía fiscal de 2012 y se alineó con la tesis del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al destacar que el proceso de regularización extraordinaria, unido a la nueva obligación de declarar bienes en el exterior, ha permitido incrementar las bases imponibles y elevar los ingresos tributarios. La sentencia del Constitucional anuló la amnistía por un defecto de forma al entender que no podía aprobarse por decreto-ley. Aun así, el Alto Tribunal afea con dureza la medida del Gobierno porque que vulnera el principio constitucional de capacidad económica.

Jesús Quintas, exsubdirector de Tributos y que participó en el debate, defendió que en ocasiones es preferible ser cínico a la hora de abordar la lucha contra el fraude. Señaló que al Estado le resulta más rentable dar ciertas facilidades a quien evadió a cambio de que vuelva al redil y tribute nuevamente.

El REAF presentó un informe en el que muestra su recelo hacia los estudios que tratan de medir la economía sumergida y cuantificar el fraude fiscal. Tras destaca que ambos conceptos no son sinónimos, Quintas rechazó informes que apuntan que España pierde por recaudación 72.709 millones al año por la economía sumergida. Tras analizar diversos estudios, los asesores fiscales estiman que la Agencia Tributaria deja de ingresar por la economía sumergida unos 26.000 millones de euros.

El REAF presentó un documento con 20 propuestas para reducir el fraude. Más allá de rebajar los recargos por declaraciones extemporáneas, los asesores fiscales pidieron poner mayor énfasis en la educación cívica. Para ello, reclamaron también que los medios de comunicación huyan del “sensacionalismo” en las informaciones fiscales. Entre otras medidas, el REAF apuesta por intensificar el uso de los medios de pago electrónicos para “facilitar el control de operaciones”. Actualmente, la ley prohíbe los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros.

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