Los accionistas denuncian la gestión de la quiebra de Popular ante la Fiscalía

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La quiebra de Banco Popular ante la fuga de depositantes, vendido in extremis a Banco Santander la madrugada del miércoles tras dejar a cero el valor de las acciones, ya está en la mesa de la Fiscalía Anticorrupción.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), representada por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional reclamando una investigación judicial sobre la debacle de la entidad, las causas que provocaron su intervención y la pérdida del dinero de más de 305.000 accionistas entre otros inversores. Se abre así una posible actuación penal sobre la gestión de Popular a la que prometen acompañar centenares de demandas de afectados por la vía civil y administrativa.

Así lo estudian hacer la plataforma de afectados, con el 3,5% del capital, constituida por 385 accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones, uno de los miembros de la sindicatura de accionistas del banco conformada mayoritariamente por familias ligadas al Opus Dei.

Un ariete legal que ha buscado amparo en la AEMEC y el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, cuyo responsable, Javier Cremades, cree necesario aclarar “¿quién quebró Popular?” y buscar la vía para resarcir a sus accionistas.

“Estamos ante un proceso de incautación. La expropiación sin un procedimiento debido, sin justiprecio. Actuamos ante lo que es una vulneración completa de los derechos de más de 300.000 inversores que confiaron no solo en Popular, sino en supervisores, reguladores e instancias europeas que iban a protegerles, no de los movimientos del mercado, pero sí del incumplimiento de las reglas del juego”, expuso Cremades en un encuentro con prensa y una veintena de afectados.

La denuncia presentada ante la Fiscalía señala directamente como potenciales responsables al hasta ahora presidente de Popular, Emilio Saracho, y uno de sus principales inversores, el grupo empresarial mexicano de la familia Del Valle, aunque deja en manos de la investigación aclarar quienes pudieron ser culpables de la situación y aclarar responsabilidades penales.

El escrito de la denuncia sostiene, en todo caso, que el anterior presidente de Banco Popular, Ángel Ron, “fue víctima del turbulento proceso de destrucción del banco puesto en marcha” por personas ligadas al grupo Del Valle mediante la “manipulación de la información privilegiada y su filtrado a la prensa, junto con el ataque especulativo de cortos”. También acusa a la consejera Reyes Calderón de extralimitarse en sus competencias durante el relevo de Ron.

La tesis choca de plano con la que presentan abogados de otros bufetes, quienes asumen que hay que buscar responsables en el consejo de administración de Popular anterior, el que lideraba Ron, pues las cuentas anuales de 2016 que presentaron tuvieron que ser corregidas por incluir errores millonarios. Sobre esta base, argumentan, podrían fundamentarse reclamaciones de quienes invirtieron sin conocer el estado real de la salud de la entidad.

La quiebra de Banco Popular ante la fuga de depositantes, vendido in extremis a Banco Santander la madrugada del miércoles tras dejar a cero el valor de las acciones, ya está en la mesa de la Fiscalía Anticorrupción.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), representada por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional reclamando una investigación judicial sobre la debacle de la entidad, las causas que provocaron su intervención y la pérdida del dinero de más de 305.000 accionistas entre otros inversores. Se abre así una posible actuación penal sobre la gestión de Popular a la que prometen acompañar centenares de demandas de afectados por la vía civil y administrativa.

Así lo estudian hacer la plataforma de afectados, con el 3,5% del capital, constituida por 385 accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones, uno de los miembros de la sindicatura de accionistas del banco conformada mayoritariamente por familias ligadas al Opus Dei.

Un ariete legal que ha buscado amparo en la AEMEC y el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, cuyo responsable, Javier Cremades, cree necesario aclarar “¿quién quebró Popular?” y buscar la vía para resarcir a sus accionistas.

“Estamos ante un proceso de incautación. La expropiación sin un procedimiento debido, sin justiprecio. Actuamos ante lo que es una vulneración completa de los derechos de más de 300.000 inversores que confiaron no solo en Popular, sino en supervisores, reguladores e instancias europeas que iban a protegerles, no de los movimientos del mercado, pero sí del incumplimiento de las reglas del juego”, expuso Cremades en un encuentro con prensa y una veintena de afectados.

La denuncia presentada ante la Fiscalía señala directamente como potenciales responsables al hasta ahora presidente de Popular, Emilio Saracho, y uno de sus principales inversores, el grupo empresarial mexicano de la familia Del Valle, aunque deja en manos de la investigación aclarar quienes pudieron ser culpables de la situación y aclarar responsabilidades penales.

El escrito de la denuncia sostiene, en todo caso, que el anterior presidente de Banco Popular, Ángel Ron, “fue víctima del turbulento proceso de destrucción del banco puesto en marcha” por personas ligadas al grupo Del Valle mediante la “manipulación de la información privilegiada y su filtrado a la prensa, junto con el ataque especulativo de cortos”. También acusa a la consejera Reyes Calderón de extralimitarse en sus competencias durante el relevo de Ron.

La tesis choca de plano con la que presentan abogados de otros bufetes, quienes asumen que hay que buscar responsables en el consejo de administración de Popular anterior, el que lideraba Ron, pues las cuentas anuales de 2016 que presentaron tuvieron que ser corregidas por incluir errores millonarios. Sobre esta base, argumentan, podrían fundamentarse reclamaciones de quienes invirtieron sin conocer el estado real de la salud de la entidad.

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