El Constitucional tumba la amnistía fiscal del Gobierno a la que declara inconstitucional y nula

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El Tribunal Constitucional declaró este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012, informaron fuentes del tribunal de garantías. La decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.

La amnistía fiscal impulsada por el Gobierno no fue constitucional. Así lo ha declarado el Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad estimando un recurso presentado por el PSOE contra la regularización. La decisión del Constitucional, a la que ha tenido acceso este diario, “no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada” en virtud de preservar la seguridad jurídica.

Sin embargo, el Tribunal carga contra la costumbre del primer Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, de impulsar buena parte de sus iniciativas mediante a golpe de decretos ley.

El Constitucional considera que la regularización fiscal aprobada en 2012 va contra la Carta Magna española porque vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas impulsados por el afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE).

“Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”, reza la sentencia sobre la medida implementada por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.

Se beneficiaron de la amnistía fiscal personalidades de todo tipo desde el exvicepresidente económico del Gobierno y posterior responsable de Bankia Rodrigo Rato hasta la familia Pujol, entre otros muchos. También se acogieron al procedimiento Fernando Martín, expresidente de Martinsa Fadesa; el exsocio de Iñaki Urdangarín Diego Torres o el sindicalista de UGT José Ángel Fernández Villa.

No habrá consecuencias para ellos. El Constitucional da por buenas las regularizaciones hechas en pos de la seguridad jurídica. Tampoco ocurriría nada si no matizara este punto. “La amnistía solo afectaba a las rentas no declaradas de 2008, 2009 y 2010 y esos tres ejercicios están prescritos y fuera del alcance de la administración”, explica Bruno Domínguez, socio del área fiscal de Baker & McKenzie, detallando que el último año revisable hoy día es 2012.

Más allá, el Pleno del Constitucional considera que la regularización impugnada tuvo tres “importantes efectos”. De un lado, permitió la regularización de rentas ocultas al Fisco “a un tipo reducido”, concretamente del 10%.

Por otra parte, eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de sanciones como “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”.

Por último, establece el fallo, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación “en renta declarada a todos los efectos”, normalizando la situación de quienes habían ocultado dichas rentas inicialmente.

El Gobierno aprobó en marzo de 2012 la amnistía fiscal que permitía regularizar dinero de fuera de España y también de dentro a cambio de pagar un 10%. Con esta medida, esperaba lograr 2.500 millones por ello, lo que implica aflorar 25.000 millones.

El Tribunal Constitucional declaró este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012, informaron fuentes del tribunal de garantías. La decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que ya han regularizado su situación con Hacienda.

La amnistía fiscal impulsada por el Gobierno no fue constitucional. Así lo ha declarado el Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad estimando un recurso presentado por el PSOE contra la regularización. La decisión del Constitucional, a la que ha tenido acceso este diario, “no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada” en virtud de preservar la seguridad jurídica.

Sin embargo, el Tribunal carga contra la costumbre del primer Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, de impulsar buena parte de sus iniciativas mediante a golpe de decretos ley.

El Constitucional considera que la regularización fiscal aprobada en 2012 va contra la Carta Magna española porque vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas impulsados por el afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE).

“Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”, reza la sentencia sobre la medida implementada por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.

Se beneficiaron de la amnistía fiscal personalidades de todo tipo desde el exvicepresidente económico del Gobierno y posterior responsable de Bankia Rodrigo Rato hasta la familia Pujol, entre otros muchos. También se acogieron al procedimiento Fernando Martín, expresidente de Martinsa Fadesa; el exsocio de Iñaki Urdangarín Diego Torres o el sindicalista de UGT José Ángel Fernández Villa.

No habrá consecuencias para ellos. El Constitucional da por buenas las regularizaciones hechas en pos de la seguridad jurídica. Tampoco ocurriría nada si no matizara este punto. “La amnistía solo afectaba a las rentas no declaradas de 2008, 2009 y 2010 y esos tres ejercicios están prescritos y fuera del alcance de la administración”, explica Bruno Domínguez, socio del área fiscal de Baker & McKenzie, detallando que el último año revisable hoy día es 2012.

Más allá, el Pleno del Constitucional considera que la regularización impugnada tuvo tres “importantes efectos”. De un lado, permitió la regularización de rentas ocultas al Fisco “a un tipo reducido”, concretamente del 10%.

Por otra parte, eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de sanciones como “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”.

Por último, establece el fallo, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación “en renta declarada a todos los efectos”, normalizando la situación de quienes habían ocultado dichas rentas inicialmente.

El Gobierno aprobó en marzo de 2012 la amnistía fiscal que permitía regularizar dinero de fuera de España y también de dentro a cambio de pagar un 10%. Con esta medida, esperaba lograr 2.500 millones por ello, lo que implica aflorar 25.000 millones.

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