La ciudadanía tiene “falta de confianza y de credibilidad” respecto a la Administración de Justicia

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La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se ha mostrado hoy partidaria de atribuirle a los fiscales la investigación de las causas judiciales, pero ha remarcado que para ello primero es necesario asegurar su "independencia y autonomía".

Lo ha hecho ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha intervenido en relación con el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia, para exponer los puntos que desde la abogacía consideran que este acuerdo debería contener.

Ortega ha indicado que es necesario "equiparar la Justicia española a Europa" y para lo que ha defendido la atribución de la investigación de las causas judiciales a los fiscales, como pretende el Gobierno, pero ha recordado que primero es necesario que la "ciudadanía sienta que su actuación es independiente".

Para ello, ha continuado, debe reformarse el sistema de funcionamiento de la Fiscalía y definir cuestiones como "el procedimiento por el cual se nombra al fiscal general del Estado o cómo reforzar los mecanismos que limitan la independencia de los miembros del Consejo Fiscal".

En la misma línea, Ortega ha incidido en que la "falta de confianza y de credibilidad" que tiene la ciudadanía respecto a la Administración de Justicia "no tiene que ver con el trabajo cotidiano de los juzgados", sino con la función de determinados órganos y los nombramientos de determinados puestos.

Y ha hecho referencia a la postura del Consejo General de la Abogacía, que ha expresado su deseo de que este tipo de designaciones se realicen mediante un proceso "meritocrático y motivado" que ayude a "salvar esta situación de mala imagen".

Por otro lado, ha celebrado que exista consenso entre las fuerzas políticas para eximir a los abogados y procuradores del turno de oficio del pago del IVA, una medida que supondría, bajo su punto de vista "el principio del fin de la justicia gratuita".

También se ha posicionado favorablemente acerca de la introducción de medidas alternativas para la resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, pero ha admitido que su implementación está resultando "conflictiva", al tratarse de una cuestión cultural, y ha pedido tiempo para su inclusión definitiva.

Además, Ortega también ha insistido en la necesidad de avanzar en la transformación tecnológica, por lo que ha exigido "dotación económica y formación" con el objetivo de llegar al "papel cero".

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se ha mostrado hoy partidaria de atribuirle a los fiscales la investigación de las causas judiciales, pero ha remarcado que para ello primero es necesario asegurar su "independencia y autonomía".

Lo ha hecho ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha intervenido en relación con el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia, para exponer los puntos que desde la abogacía consideran que este acuerdo debería contener.

Ortega ha indicado que es necesario "equiparar la Justicia española a Europa" y para lo que ha defendido la atribución de la investigación de las causas judiciales a los fiscales, como pretende el Gobierno, pero ha recordado que primero es necesario que la "ciudadanía sienta que su actuación es independiente".

Para ello, ha continuado, debe reformarse el sistema de funcionamiento de la Fiscalía y definir cuestiones como "el procedimiento por el cual se nombra al fiscal general del Estado o cómo reforzar los mecanismos que limitan la independencia de los miembros del Consejo Fiscal".

En la misma línea, Ortega ha incidido en que la "falta de confianza y de credibilidad" que tiene la ciudadanía respecto a la Administración de Justicia "no tiene que ver con el trabajo cotidiano de los juzgados", sino con la función de determinados órganos y los nombramientos de determinados puestos.

Y ha hecho referencia a la postura del Consejo General de la Abogacía, que ha expresado su deseo de que este tipo de designaciones se realicen mediante un proceso "meritocrático y motivado" que ayude a "salvar esta situación de mala imagen".

Por otro lado, ha celebrado que exista consenso entre las fuerzas políticas para eximir a los abogados y procuradores del turno de oficio del pago del IVA, una medida que supondría, bajo su punto de vista "el principio del fin de la justicia gratuita".

También se ha posicionado favorablemente acerca de la introducción de medidas alternativas para la resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, pero ha admitido que su implementación está resultando "conflictiva", al tratarse de una cuestión cultural, y ha pedido tiempo para su inclusión definitiva.

Además, Ortega también ha insistido en la necesidad de avanzar en la transformación tecnológica, por lo que ha exigido "dotación económica y formación" con el objetivo de llegar al "papel cero".

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