Grandes y pequeños accionistas del Popular ultiman litigios por estafa y falseamiento contable

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Santander, como nuevo dueño de los activos de Popular, tendrá que hacer frente a posibles indemnizaciones por el daño causado a los inversores por los antiguos gestores, a los que se podría exigir responsabilidades penales.

La solución final a la crisis de Banco Popular, vendiéndolo a Santander por un euro tras cargar las pérdidas contra sus antiguos dueños e inversores, deja sin dinero a 305.000 accionistas, entre otros afectados, lo que promete decantar los miles de litigios que ya pendían sobre el banco durante su crítica situación de los últimos meses. Así lo confirman desde distintos bufetes de abogados consultados, donde asumen que la situación cristalizará en demandas concretas a partir de la próxima semana. Hasta el propio Opus Dei, representado en el consejo de Popular por la Unión Europea de Inversores, estudiaba ayer tomar medidas ante cuantiosa pérdida sufrida.

“La decisión evita la resolución con dinero público, pero supone una pérdida del 100% para los accionistas”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. “Durante la mañana de este miércoles, nuestro despacho está recibiendo una avalancha de llamadas por este tema porque es ahora cuando muchos de los clientes son conscientes de que lo han perdido todo y de que no sabían a ciencia cierta lo que les habían colocado”, dice.

“Además, muchos de los que acudieron a la macroampliación lo hicieron a crédito, sin un análisis de riesgo razonable ni comercializado de manera transparente. En muchos casos se colocó a personas inexpertas y no cualificadas sin explicarles adecuadamente los riesgos en que incurrían”, denuncia Navas.

“Muchos de los accionistas fueron a la ampliación a través de un préstamo concedido por el propio banco para tal finalidad, algo expresamente prohibido en el artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital”, agregan desde el bufete Roca & Asociados. “Esta operación fuera de la Ley tiene como consecuencia que hay accionistas que no solo han perdido el 90% de la inversión que efectuaron, sino que deben al propio banco el dinero del préstamo con el que hicieron la inversión”, dice el economista y abogado Rafa el Roca, socio fundador del despacho.

Desde los bufetes apuntan que el grueso de las demandas provendrá previsiblemente de quienes acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones llevada a cabo hace ahora un año, dada la sospecha de que el folleto de la operación no advertía claramente de todos los riesgos que se han terminado revelando.

Un factor clave para las demandas será el hecho relevante remitido por Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 3 de abril en el que se admitían errores contables por unos 600 millones de euros en las cuentas de 2016.

Santander, como nuevo dueño de los activos de Popular, tendrá que hacer frente a posibles indemnizaciones por el daño causado a los inversores por los antiguos gestores, a los que se podría exigir responsabilidades penales.

La solución final a la crisis de Banco Popular, vendiéndolo a Santander por un euro tras cargar las pérdidas contra sus antiguos dueños e inversores, deja sin dinero a 305.000 accionistas, entre otros afectados, lo que promete decantar los miles de litigios que ya pendían sobre el banco durante su crítica situación de los últimos meses. Así lo confirman desde distintos bufetes de abogados consultados, donde asumen que la situación cristalizará en demandas concretas a partir de la próxima semana. Hasta el propio Opus Dei, representado en el consejo de Popular por la Unión Europea de Inversores, estudiaba ayer tomar medidas ante cuantiosa pérdida sufrida.

“La decisión evita la resolución con dinero público, pero supone una pérdida del 100% para los accionistas”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. “Durante la mañana de este miércoles, nuestro despacho está recibiendo una avalancha de llamadas por este tema porque es ahora cuando muchos de los clientes son conscientes de que lo han perdido todo y de que no sabían a ciencia cierta lo que les habían colocado”, dice.

“Además, muchos de los que acudieron a la macroampliación lo hicieron a crédito, sin un análisis de riesgo razonable ni comercializado de manera transparente. En muchos casos se colocó a personas inexpertas y no cualificadas sin explicarles adecuadamente los riesgos en que incurrían”, denuncia Navas.

“Muchos de los accionistas fueron a la ampliación a través de un préstamo concedido por el propio banco para tal finalidad, algo expresamente prohibido en el artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital”, agregan desde el bufete Roca & Asociados. “Esta operación fuera de la Ley tiene como consecuencia que hay accionistas que no solo han perdido el 90% de la inversión que efectuaron, sino que deben al propio banco el dinero del préstamo con el que hicieron la inversión”, dice el economista y abogado Rafa el Roca, socio fundador del despacho.

Desde los bufetes apuntan que el grueso de las demandas provendrá previsiblemente de quienes acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones llevada a cabo hace ahora un año, dada la sospecha de que el folleto de la operación no advertía claramente de todos los riesgos que se han terminado revelando.

Un factor clave para las demandas será el hecho relevante remitido por Banco Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 3 de abril en el que se admitían errores contables por unos 600 millones de euros en las cuentas de 2016.

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