Madrid replanteará el límite de los honorarios de los peritos judiciales

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Desde hace más de un año la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid tiene sobre su mesa la regulación de la labor de los peritos judiciales, cuando colaboran de manera voluntaria con los tribunales en la valoración de pruebas. El proyecto inicial, que data del 10 de mayo de 2016 y al que ha tenido acceso Cinco Días, establecía la cuantía y la forma de pago de los honorarios de estos técnicos privados, a los que se recurre en caso de que no haya personal de la Administración.

Este proyecto de regulación contemplaba un sistema de tarifas con tres categorías diferentes, dependiendo de la titulación que ostentase el profesional. Las peritaciones judiciales pueden ser todo tipo de pruebas dependiendo de lo que necesite el juez. Este puede requerir abogados, calígrafos, arquitectos o auditores, entre otras profesiones.

En el caso de que el profesional tenga una titulación superior, el máximo a cobrar serían 1.200 euros; si se trata de una titulación media, 600 euros y para el resto de profesionales, 300 euros. La Unión Interprofesional reclamó en sus alegaciones una subida hasta los 1.800 euros.

La decisión de que los honorarios dependan exclusivamente de la titulación del profesional, en vez de que se adecúen a la complejidad de la prueba solicitada, desató las críticas de los colegios y asociaciones profesionales. “No puede justificarse el valor del trabajo en función de la titulación del profesional. Resulta totalmente erróneo no tener en cuenta en la fijación del importe la complejidad de los trabajos y el coste de los medios empleados”, apuntó la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid en las alegaciones que presentaron al proyecto en diciembre.

Desde hace más de un año la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid tiene sobre su mesa la regulación de la labor de los peritos judiciales, cuando colaboran de manera voluntaria con los tribunales en la valoración de pruebas. El proyecto inicial, que data del 10 de mayo de 2016 y al que ha tenido acceso Cinco Días, establecía la cuantía y la forma de pago de los honorarios de estos técnicos privados, a los que se recurre en caso de que no haya personal de la Administración.

Este proyecto de regulación contemplaba un sistema de tarifas con tres categorías diferentes, dependiendo de la titulación que ostentase el profesional. Las peritaciones judiciales pueden ser todo tipo de pruebas dependiendo de lo que necesite el juez. Este puede requerir abogados, calígrafos, arquitectos o auditores, entre otras profesiones.

En el caso de que el profesional tenga una titulación superior, el máximo a cobrar serían 1.200 euros; si se trata de una titulación media, 600 euros y para el resto de profesionales, 300 euros. La Unión Interprofesional reclamó en sus alegaciones una subida hasta los 1.800 euros.

La decisión de que los honorarios dependan exclusivamente de la titulación del profesional, en vez de que se adecúen a la complejidad de la prueba solicitada, desató las críticas de los colegios y asociaciones profesionales. “No puede justificarse el valor del trabajo en función de la titulación del profesional. Resulta totalmente erróneo no tener en cuenta en la fijación del importe la complejidad de los trabajos y el coste de los medios empleados”, apuntó la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid en las alegaciones que presentaron al proyecto en diciembre.

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