El Constitucional no descarta abrir en agosto “si los acontecimientos lo requieren”

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El Parlament de Cataluña se plantea trabajar la última quincena de agosto para preparar el referéndum de independencia que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere celebrar en otoño. Pero los actos que dicte la cámara catalana tendrán, si son recurridos, respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Los magistrados están preparados para abrir en periodo de vacaciones “si los acontecimientos los requieren”, según explican fuentes del Constitucional.

El artículo 1 del acuerdo de 15 de junio de 1982 del pleno del Constitucional establece que son “días inhábiles, a efectos jurisdiccionales, en materia constitucional, los días 1 a 31 de agosto, ambos inclusive”. Pero el artículo 4 de ese mismo acuerdo matiza que “el Tribunal o sus salas podrán reunirse y actuar durante el periodo de vacaciones y habilitar los días que fueran necesarios, cuando consideren que el asunto reclama una actuación que no puede demorarse sin quebranto de la justicia”.

El Tribunal o sus salas podrán reunirse y actuar durante el periodo de vacaciones y habilitar los días que fueran necesarios, cuando consideren que el asunto reclama una actuación que no puede demorarse sin quebranto de la justicia”.

Los jueces están pues preparados para trabajar en vacaciones. Es posible que alguna actuación del Parlament los obligue a dejar su descanso. No sería la primera vez. El año pasado, el Constitucional se vio obligado a habilitar el día 1 de agosto para acordar la suspensión de una declaración de la Cámara catalana por la que se acordaba “ el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”.

El abogado del Estado presentó un incidente de ejecución y el Constitucional reunido en vacaciones acordó admitirlo a trámite, suspender la vigencia de esa declaración y notificar la resolución a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa, al secretario general de la Cámara, al presidente Puigdemont y al resto de los consellers del Govern.

Además, el pleno del Constitucional les advirtió “a todos ellos” de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

El Parlament de Cataluña se plantea trabajar la última quincena de agosto para preparar el referéndum de independencia que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere celebrar en otoño. Pero los actos que dicte la cámara catalana tendrán, si son recurridos, respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Los magistrados están preparados para abrir en periodo de vacaciones “si los acontecimientos los requieren”, según explican fuentes del Constitucional.

El artículo 1 del acuerdo de 15 de junio de 1982 del pleno del Constitucional establece que son “días inhábiles, a efectos jurisdiccionales, en materia constitucional, los días 1 a 31 de agosto, ambos inclusive”. Pero el artículo 4 de ese mismo acuerdo matiza que “el Tribunal o sus salas podrán reunirse y actuar durante el periodo de vacaciones y habilitar los días que fueran necesarios, cuando consideren que el asunto reclama una actuación que no puede demorarse sin quebranto de la justicia”.

El Tribunal o sus salas podrán reunirse y actuar durante el periodo de vacaciones y habilitar los días que fueran necesarios, cuando consideren que el asunto reclama una actuación que no puede demorarse sin quebranto de la justicia”.

Los jueces están pues preparados para trabajar en vacaciones. Es posible que alguna actuación del Parlament los obligue a dejar su descanso. No sería la primera vez. El año pasado, el Constitucional se vio obligado a habilitar el día 1 de agosto para acordar la suspensión de una declaración de la Cámara catalana por la que se acordaba “ el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”.

El abogado del Estado presentó un incidente de ejecución y el Constitucional reunido en vacaciones acordó admitirlo a trámite, suspender la vigencia de esa declaración y notificar la resolución a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa, al secretario general de la Cámara, al presidente Puigdemont y al resto de los consellers del Govern.

Además, el pleno del Constitucional les advirtió “a todos ellos” de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

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