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El Gobierno tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 26 de mayo, la renovación del consejo de administración de la CNMC, según el acuerdo al que habían llegado a finales de marzo el PSOE y Ciudadanos con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Se trata de un pacto político para relevar en su puesto a los consejeros María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez, a los que se acabó su mandato hace más de un año, aunque tendrían derecho a repetir uno más.

Estos serían sustituidos por dos vocales a propuesta del PSOE; uno, de C’s y otro del Partido Popular, que renovaría en el mandato a María Ortiz. Esta consejera es la única de las nombradas en 2013 por el PP que se ha mantenido fiel al presidente del CNMC, José María Marín, en medio de las turbias relaciones de un consejo prácticamente monocolor. De los 10 miembros del consejo solo dos, no son del PP: Idoa Zenarruzabeitia (PNV) y Josep María Guinart (CiU).

El acuerdo, que se remonta al pasado mes de enero, se encontró por el camino con algunas trabados trabas: la decisión del expresidente de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo, y, posteriormente, del exvocal de este organismo (uno de los que el Gobierno de Rajoy dinamitó para fusionarlo en la CNMC) a propuesta del PNV, Xabier Ormaetxea, de solicitar su reingreso en el consejo. Ambos habían ganado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra sus ceses anticipado, que el Alto Tribunal declaró ilegales e impuso su restitución y/o indemnización.

Esta obligación paralizó a principios de año la renovación del consejo, pues el Partido Popular quiso que Bernardo Lorenzo, que en su día fue nombrado presidente de la CMT a propuesta socialista, se incorporara ahora a la CNMC por la cuota del PSOE. Los responsables de esta formación política rechazó esta propuesta alegando que se trataba de un problema generado por el propio PP, que en 2013 decidió eliminar los antiguos organismos supervisores y la autoridad de la Competencia para fusionarlos en un nuevo organismo que ha resultado un rotundo fracaso y cuya segregación está en marcha con el acuerdo de todos los grupos políticos.

El problema se ha solventado con un reciente acuerdo económico con Lorenzo y Ormaetxea y el compromiso de incorporarlos a los consejos de los dos nuevos organismos derivados de la segregación, prevista para el próximo otoño. En su defecto, podrían sustituir a otros dos consejeros cuyos mandatos terminan en septiembre.

Otra causa de la ralentización del relevo hay que buscarla en las primarias del PSOE. Según fuentes del sector, el ministro de Economía ha preferido esperar a que se celebrasen “para no entorpecer el proceso”. El hecho de que las primarias se celebrasen el 21 de mayo y de que se mantuviese el objetivo de aprobar la renovación de la CNMC en el Consejo de Ministros del 26, hace pensar que el Gobierno confiaba en el triunfo de Susana Díaz, la candidata que apoyaba la gestora o autoridad competente hasta ahora.

El Gobierno tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 26 de mayo, la renovación del consejo de administración de la CNMC, según el acuerdo al que habían llegado a finales de marzo el PSOE y Ciudadanos con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Se trata de un pacto político para relevar en su puesto a los consejeros María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez, a los que se acabó su mandato hace más de un año, aunque tendrían derecho a repetir uno más.

Estos serían sustituidos por dos vocales a propuesta del PSOE; uno, de C’s y otro del Partido Popular, que renovaría en el mandato a María Ortiz. Esta consejera es la única de las nombradas en 2013 por el PP que se ha mantenido fiel al presidente del CNMC, José María Marín, en medio de las turbias relaciones de un consejo prácticamente monocolor. De los 10 miembros del consejo solo dos, no son del PP: Idoa Zenarruzabeitia (PNV) y Josep María Guinart (CiU).

El acuerdo, que se remonta al pasado mes de enero, se encontró por el camino con algunas trabados trabas: la decisión del expresidente de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo, y, posteriormente, del exvocal de este organismo (uno de los que el Gobierno de Rajoy dinamitó para fusionarlo en la CNMC) a propuesta del PNV, Xabier Ormaetxea, de solicitar su reingreso en el consejo. Ambos habían ganado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra sus ceses anticipado, que el Alto Tribunal declaró ilegales e impuso su restitución y/o indemnización.

Esta obligación paralizó a principios de año la renovación del consejo, pues el Partido Popular quiso que Bernardo Lorenzo, que en su día fue nombrado presidente de la CMT a propuesta socialista, se incorporara ahora a la CNMC por la cuota del PSOE. Los responsables de esta formación política rechazó esta propuesta alegando que se trataba de un problema generado por el propio PP, que en 2013 decidió eliminar los antiguos organismos supervisores y la autoridad de la Competencia para fusionarlos en un nuevo organismo que ha resultado un rotundo fracaso y cuya segregación está en marcha con el acuerdo de todos los grupos políticos.

El problema se ha solventado con un reciente acuerdo económico con Lorenzo y Ormaetxea y el compromiso de incorporarlos a los consejos de los dos nuevos organismos derivados de la segregación, prevista para el próximo otoño. En su defecto, podrían sustituir a otros dos consejeros cuyos mandatos terminan en septiembre.

Otra causa de la ralentización del relevo hay que buscarla en las primarias del PSOE. Según fuentes del sector, el ministro de Economía ha preferido esperar a que se celebrasen “para no entorpecer el proceso”. El hecho de que las primarias se celebrasen el 21 de mayo y de que se mantuviese el objetivo de aprobar la renovación de la CNMC en el Consejo de Ministros del 26, hace pensar que el Gobierno confiaba en el triunfo de Susana Díaz, la candidata que apoyaba la gestora o autoridad competente hasta ahora.

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