Los municipios piden a Montoro que pague la plusvalía cobrada de más

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Los ayuntamientos exigen a Hacienda que inicie de inmediato la modificación de la Ley de Haciendas Locales para adaptar el impuesto de la plusvalía municipal a la sentencia de Tribunal Constitucional que ha anulado el impuesto para cuando no hay plusvalía.

“No puede ser que el coste de un impuesto mal diseñado por el legislativo lo que tengan que soportar las haciendas locales, subrayó en rueda de prensa el presidente de este organismo, el socialista Abel Caballero, tras finalizar la reunión de la Junta de Gobierno. “Si hay que proceder a realizar las devoluciones de las cantidades cobradas de más, nos tendrán que resarcir al 100%”, añadió.

En este sentido, la Federación reclamó al Ejecutivo que emprenda las iniciativas legislativas necesarias para garantizar que el cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), popularmente conocido como plusvalía, se ajuste a los contenidos de las sentencias emitidas por el Constitucional.

Desde las corporaciones locales defienden que con ello se “trata de evitar el vacío legal y la inseguridad jurídica que se ha generado”. Estas mismas fuentes confirman que son los interventores quienes están tratando de solventar los conflictos “con su buen criterio”.

La FEMP acordó en su reunión de ayer y en respuesta a la solicitud del Ministerio de Hacienda remitir hoy mismo un documento que recoja la posición de este organismo sobre este asunto. Su propuesta plantea dos posibles fórmulas para probar si ha habido o no incremento del valor de los terrenos en la transacción inmobiliaria.

La primera opción pasaría por encargar al Catastro, organismo dependiente de Hacienda, que elabore un índice anual que evalúe cada ejercicio la evolución del valor de los suelos. “Ese índice recogería el aumento o disminución de ese valor; de manera que se muestre la evolución del mercado”, explicó Caballero. En esta línea, si se adoptara esa opción, el presidente de la FEMP considera que se dispondría de un “índice objetivo, una descripción razonable del mercado”.

La otra línea de actuación propuesta sería la de calcular la base imponible del impuesto con una sencilla operación en la que se restaría al precio de venta, el de compra, dando como resultado “la plusvalía o minusvalía real de la operación”. “Ofrecemos nuestra cooperación, pero pedimos que se actúe con celeridad”, reiteró Caballero, quien insistió en que se trata de una situación de inseguridad jurídica que no puede esperar.

Preguntado por si esta organización que representa a todos los municipios de España ha efectuado algún cálculo sobre cuánto dinero tendría que ser devuelto por la plusvalía cobrada de más, el también alcalde de Vigo admitió que no se ha realizado ese estudio. Caballero se remitió a las cifras que maneja el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Hacienda estima que en 2016 los consistieron recaudaron en torno a 2.000 millones de euros por plusvalía.

Los ayuntamientos exigen a Hacienda que inicie de inmediato la modificación de la Ley de Haciendas Locales para adaptar el impuesto de la plusvalía municipal a la sentencia de Tribunal Constitucional que ha anulado el impuesto para cuando no hay plusvalía.

“No puede ser que el coste de un impuesto mal diseñado por el legislativo lo que tengan que soportar las haciendas locales, subrayó en rueda de prensa el presidente de este organismo, el socialista Abel Caballero, tras finalizar la reunión de la Junta de Gobierno. “Si hay que proceder a realizar las devoluciones de las cantidades cobradas de más, nos tendrán que resarcir al 100%”, añadió.

En este sentido, la Federación reclamó al Ejecutivo que emprenda las iniciativas legislativas necesarias para garantizar que el cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), popularmente conocido como plusvalía, se ajuste a los contenidos de las sentencias emitidas por el Constitucional.

Desde las corporaciones locales defienden que con ello se “trata de evitar el vacío legal y la inseguridad jurídica que se ha generado”. Estas mismas fuentes confirman que son los interventores quienes están tratando de solventar los conflictos “con su buen criterio”.

La FEMP acordó en su reunión de ayer y en respuesta a la solicitud del Ministerio de Hacienda remitir hoy mismo un documento que recoja la posición de este organismo sobre este asunto. Su propuesta plantea dos posibles fórmulas para probar si ha habido o no incremento del valor de los terrenos en la transacción inmobiliaria.

La primera opción pasaría por encargar al Catastro, organismo dependiente de Hacienda, que elabore un índice anual que evalúe cada ejercicio la evolución del valor de los suelos. “Ese índice recogería el aumento o disminución de ese valor; de manera que se muestre la evolución del mercado”, explicó Caballero. En esta línea, si se adoptara esa opción, el presidente de la FEMP considera que se dispondría de un “índice objetivo, una descripción razonable del mercado”.

La otra línea de actuación propuesta sería la de calcular la base imponible del impuesto con una sencilla operación en la que se restaría al precio de venta, el de compra, dando como resultado “la plusvalía o minusvalía real de la operación”. “Ofrecemos nuestra cooperación, pero pedimos que se actúe con celeridad”, reiteró Caballero, quien insistió en que se trata de una situación de inseguridad jurídica que no puede esperar.

Preguntado por si esta organización que representa a todos los municipios de España ha efectuado algún cálculo sobre cuánto dinero tendría que ser devuelto por la plusvalía cobrada de más, el también alcalde de Vigo admitió que no se ha realizado ese estudio. Caballero se remitió a las cifras que maneja el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Hacienda estima que en 2016 los consistieron recaudaron en torno a 2.000 millones de euros por plusvalía.

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