El Gobierno impedirá volver a la Justicia a los magistrados que recalen en política

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El Gobierno se prepara para impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que endurezca la vuelta a la Justicia de magistrados y fiscales que recalen en política. Así lo confirman fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular, asegurando que lo que se pretende es imponer un periodo de moratoria que haga inviable un inmediato retorno a los juzgados de aquellos que cesan en sus actividades políticas.

El plazo, no inferior a dos años, tendrá que ser negociado con otras formaciones políticas, puesto que para esta reforma el Ejecutivo necesitará contar con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. No es ningún secreto que Ciudadanos, socio prioritario del Gobierno, tendrá un papel relevante en esta reforma, que podría convertirse en la primera del Congreso contra las llamadas puertas giratorias. Fuentes del partido naranja también confirmaron a este periódico que existen conversaciones, aún poco avanzadas, sobre esta medida.

Fue en agosto de 2016 cuando, a través del pacto por la investidura del presidente Mariano Rajoy, PP y C's acordaron acotar el trasiego de jueces y fiscales hacia la política con vuelta al ámbito judicial. Ambos partidos firmaron "valorar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, la limitación de las puertas giratorias entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial", si bien desde entonces no se había vuelto a hablar de esta posibilidad. Hasta ahora, justo cuando Moncloa ha logrado encarrilar la primera gran piedra angular de su primer año de mandato: los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

En un principio, y teniendo en cuenta las declaraciones previas de numerosos diputados de todo signo político, el PP no debería tener problemas para abordar la reforma de la LOPJ con garantías de éxito. Unidos Podemos y sus confluencias, con 71 diputados, han disparado constantemente contra las puertas giratorias, y también lo han hecho en menor medida el PSOE (85 diputados) e incluso los partidos nacionalistas catalanes.

Pese a la posibilidad de acuerdo, parece difícil pensar que la reforma pueda estar lista antes de final de año. El mes y medio largo que queda de este periodo de sesiones se va a dedicar casi íntegramente al ámbito económico por las Cuentas Públicas y el techo de gasto. Después llega el verano y, salvo sorpresas, el Congreso solo tendrá actividad cuando se convoque la Diputación Permanente. Así, lo más lógico sería que Gobierno y PP aprovechasen el inicio del próximo curso parlamentario, en septiembre, para cobrar iniciativa política.

La ida y vuelta de altos cargos de la Justicia a la arena política ha generado más de un escándalo en las últimas décadas. Casos mediáticos como el del juez Baltasar Garzón, en su día percha electoral del Felipe González de mediados de los años 90, terminaron mal. Primero políticamente por la ruptura de Garzón con los socialistas; después también en los juzgados por la inhabilitación del magistrado.

Sonada ha sido también la posible vuelta de Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia y exalcalde de Zaragoza, a los juzgados. Y en sustitución de Eloy Velasco, juez instructor de casos de corrupción como Lezo y Púnica. El expolítico, quizá consciente de la polvareda que podía levantar, ha confirmado recientemente que no ocupará esa plaza de ninguna de las maneras.

El Gobierno se prepara para impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que endurezca la vuelta a la Justicia de magistrados y fiscales que recalen en política. Así lo confirman fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular, asegurando que lo que se pretende es imponer un periodo de moratoria que haga inviable un inmediato retorno a los juzgados de aquellos que cesan en sus actividades políticas.

El plazo, no inferior a dos años, tendrá que ser negociado con otras formaciones políticas, puesto que para esta reforma el Ejecutivo necesitará contar con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, 176 diputados. No es ningún secreto que Ciudadanos, socio prioritario del Gobierno, tendrá un papel relevante en esta reforma, que podría convertirse en la primera del Congreso contra las llamadas puertas giratorias. Fuentes del partido naranja también confirmaron a este periódico que existen conversaciones, aún poco avanzadas, sobre esta medida.

Fue en agosto de 2016 cuando, a través del pacto por la investidura del presidente Mariano Rajoy, PP y C's acordaron acotar el trasiego de jueces y fiscales hacia la política con vuelta al ámbito judicial. Ambos partidos firmaron "valorar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, la limitación de las puertas giratorias entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial", si bien desde entonces no se había vuelto a hablar de esta posibilidad. Hasta ahora, justo cuando Moncloa ha logrado encarrilar la primera gran piedra angular de su primer año de mandato: los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

En un principio, y teniendo en cuenta las declaraciones previas de numerosos diputados de todo signo político, el PP no debería tener problemas para abordar la reforma de la LOPJ con garantías de éxito. Unidos Podemos y sus confluencias, con 71 diputados, han disparado constantemente contra las puertas giratorias, y también lo han hecho en menor medida el PSOE (85 diputados) e incluso los partidos nacionalistas catalanes.

Pese a la posibilidad de acuerdo, parece difícil pensar que la reforma pueda estar lista antes de final de año. El mes y medio largo que queda de este periodo de sesiones se va a dedicar casi íntegramente al ámbito económico por las Cuentas Públicas y el techo de gasto. Después llega el verano y, salvo sorpresas, el Congreso solo tendrá actividad cuando se convoque la Diputación Permanente. Así, lo más lógico sería que Gobierno y PP aprovechasen el inicio del próximo curso parlamentario, en septiembre, para cobrar iniciativa política.

La ida y vuelta de altos cargos de la Justicia a la arena política ha generado más de un escándalo en las últimas décadas. Casos mediáticos como el del juez Baltasar Garzón, en su día percha electoral del Felipe González de mediados de los años 90, terminaron mal. Primero políticamente por la ruptura de Garzón con los socialistas; después también en los juzgados por la inhabilitación del magistrado.

Sonada ha sido también la posible vuelta de Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia y exalcalde de Zaragoza, a los juzgados. Y en sustitución de Eloy Velasco, juez instructor de casos de corrupción como Lezo y Púnica. El expolítico, quizá consciente de la polvareda que podía levantar, ha confirmado recientemente que no ocupará esa plaza de ninguna de las maneras.

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