Las pensiones de viudedad no suben por falta de fondos

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El Ejecutivo reconoce que no ha podido aplicar desde 2012 el aumento en la pensión de viudedad como marca la propia legislación por "la débil situación financiera" de la Seguridad Social y que, por ello, ha debido aplazar cada año la entrada en vigor de esta medida.

Así figura en una respuesta parlamentaria a los diputados de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera y Sergio del Campo, que habían preguntado por qué el Gobierno "ha venido suspendiendo y aplazando el mandato legal" recogido en la propia Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Los diputados de la formación recordaron que una disposición adicional de esta misma ley dispone una subida de la base reguladora para las pensiones de viudedad del 52% al 60%, siempre que cumpla determinados requisitos, cuya aplicación ha sido suspendida "reiteradamente" desde 2012.

Así, el segundo punto de esta disposición señalaba que la aplicación de este porcentaje "se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012".

El Ejecutivo reconoce que no ha podido aplicar desde 2012 el aumento en la pensión de viudedad como marca la propia legislación por "la débil situación financiera" de la Seguridad Social y que, por ello, ha debido aplazar cada año la entrada en vigor de esta medida.

Así figura en una respuesta parlamentaria a los diputados de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera y Sergio del Campo, que habían preguntado por qué el Gobierno "ha venido suspendiendo y aplazando el mandato legal" recogido en la propia Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Los diputados de la formación recordaron que una disposición adicional de esta misma ley dispone una subida de la base reguladora para las pensiones de viudedad del 52% al 60%, siempre que cumpla determinados requisitos, cuya aplicación ha sido suspendida "reiteradamente" desde 2012.

Así, el segundo punto de esta disposición señalaba que la aplicación de este porcentaje "se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012".

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