El Gobierno desarrollará el real decreto ley de la estiba por vía de urgencia

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Para ello, tramitará el reglamento mediante un real decreto por la vía de urgencia, manifestó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aceptando la petición que hicieron en este sentido los sindicatos y la patronal. Con este procedimiento, el texto podrá salir adelante en tres o cuatro meses. El trámite normal podría precisar hasta un año antes de recibir luz verde definitiva.

La aprobación de esta nueva norma concretará medidas relacionadas con la actividad laboral de la estiba, las más delicadas en este conflicto, que se dejaron fuera del real decreto ley y que son, principalmente, las que recogió el mediador en el conflicto, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), en su propuesta del 30 de marzo.

En este texto, que los sindicatos rechazaron y la patronal aceptó con condiciones, se plantearon actuaciones encaminadas a la mejora de la productividad, el mantenimiento del empleo mediante la subrogación de los trabajadores actuales al nuevo sistema de contratación y las ayudas públicas para la reconversión del sector, que podrían ser de hasta 120 millones de euros, según cálculos de Fomento. También está previsto incluir aspectos relacionados con las prácticas ­para la entrada en la profesión.

La patronal enfría las posibilidades de un acuerdo rápido con los sindicatos y augura un proceso “complejo”. La aprobación de este real decreto de desarrollo reglamentario es independiente de los acuerdos que podrían alcanzar los sindicatos y la patronal por la vía de la negociación colectiva que amplíen lo dispuesto en la norma, subrayaron ayer fuentes del ministerio que dirige De la Serna. Esta mesa laboral sigue abierta. El 1 de junio está prevista una nueva reunión.

El pasado lunes las dos partes firmaron un preacuerdo, que la mayoritaria Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ya ha ratificado, pero que aún está pendiente de que Anesco, que representa a las empresas, le dé su visto bueno. Esta entidad enfrió ayer las expectativas de un pacto rápido un día después de que fuentes empresariales lo viesen posible, al recordar que el próximo jueves “comenzará un complejo proceso hasta que, como es voluntad de la asociación, se puedan alcanzar acuerdos”. De todos modos, reiteró su “amplia voluntad de diálogo” para poder cerrar el conflicto.

Lo que no está nada claro es que el Gobierno pueda evitar la multa acumulada, que asciende a 24 millones de euros, por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2014 que instaba a liberalizar la contratación en la estiba.

Para ello, tramitará el reglamento mediante un real decreto por la vía de urgencia, manifestó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aceptando la petición que hicieron en este sentido los sindicatos y la patronal. Con este procedimiento, el texto podrá salir adelante en tres o cuatro meses. El trámite normal podría precisar hasta un año antes de recibir luz verde definitiva.

La aprobación de esta nueva norma concretará medidas relacionadas con la actividad laboral de la estiba, las más delicadas en este conflicto, que se dejaron fuera del real decreto ley y que son, principalmente, las que recogió el mediador en el conflicto, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), en su propuesta del 30 de marzo.

En este texto, que los sindicatos rechazaron y la patronal aceptó con condiciones, se plantearon actuaciones encaminadas a la mejora de la productividad, el mantenimiento del empleo mediante la subrogación de los trabajadores actuales al nuevo sistema de contratación y las ayudas públicas para la reconversión del sector, que podrían ser de hasta 120 millones de euros, según cálculos de Fomento. También está previsto incluir aspectos relacionados con las prácticas ­para la entrada en la profesión.

La patronal enfría las posibilidades de un acuerdo rápido con los sindicatos y augura un proceso “complejo”. La aprobación de este real decreto de desarrollo reglamentario es independiente de los acuerdos que podrían alcanzar los sindicatos y la patronal por la vía de la negociación colectiva que amplíen lo dispuesto en la norma, subrayaron ayer fuentes del ministerio que dirige De la Serna. Esta mesa laboral sigue abierta. El 1 de junio está prevista una nueva reunión.

El pasado lunes las dos partes firmaron un preacuerdo, que la mayoritaria Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) ya ha ratificado, pero que aún está pendiente de que Anesco, que representa a las empresas, le dé su visto bueno. Esta entidad enfrió ayer las expectativas de un pacto rápido un día después de que fuentes empresariales lo viesen posible, al recordar que el próximo jueves “comenzará un complejo proceso hasta que, como es voluntad de la asociación, se puedan alcanzar acuerdos”. De todos modos, reiteró su “amplia voluntad de diálogo” para poder cerrar el conflicto.

Lo que no está nada claro es que el Gobierno pueda evitar la multa acumulada, que asciende a 24 millones de euros, por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2014 que instaba a liberalizar la contratación en la estiba.

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