El BCE evaluará si los banqueros imputados deben conservar sus cargos

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El Banco Central Europeo ha concluido, tras meses de análisis y consultas con el sector, los criterios de idoneidad que deben cumplir los banqueros europeos para ejercer sus cargos. El documento, de 34 páginas, detalla no solo los conocimientos y la experiencia exigibles, sino también los potenciales conflictos de interés en que pueden incurrir los directivos o consejeros de las entidades en función de su actividad profesional previa o sus relaciones personales. De hecho, incide en el lastre que pueden suponer los procesos judiciales en los que se vean involucrados. La mera imputación en una causa o incluso un fallo favorable, advierte el supervisor financiero, pueden ser motivo de pérdida de esa idoneidad.

“Se considerará que una persona designada tiene buena reputación cuando no existan pruebas que sugieran lo contrario ni motivos para albergar dudas razonables al respecto”, explica el BCE, que advierte de que “si la conducta personal o profesional de la persona designada hace dudar de su capacidad para garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito, la entidad supervisada y/o la persona designada deberán informar a la autoridad competente, que evaluará la gravedad de las circunstancias”.

El BCE aclara, por ejemplo, que los procedimientos judiciales penales o administrativos, tanto si han concluido como si están pendientes de resolución, pueden tener impacto en el banquero y la entidad, incluso si los hechos investigados o penados ocurren en un Estado diferente a aquel en el que el sujeto ejerce su cargo en la entidad. Más allá del riesgo para la imagen del banco o el directivo, el supervisor recuerda que un procedimiento judicial puede afectar a la capacidad del afectado para dedicar tiempo suficiente a sus funciones, una óptica, alerta, desde la que también conviene evaluar la repercusión del mismo.

Aunque desde Fráncfort entienden que son las autoridades judiciales quienes deben dilucidar la responsabilidad de la persona involucrada, asumen que “el simple hecho de que una persona esté, o haya estado, incursa en tales procedimientos es relevante para su honorabilidad” y puede tener un impacto reputacional que hay que abordar. “Las circunstancias que dieron lugar al procedimiento pueden ser relevantes para determinar si afectan a la reputación de la persona designada, incluso cuando el fallo es favorable”, establece el BCE. Por ello, el supervisor abre la puerta a apartar del cargo a directivos o consejeros, incluso cuando salgan airosos de un juicio, si los hechos por los que se les ha juzgado dañan su reputación.

El Banco Central Europeo ha concluido, tras meses de análisis y consultas con el sector, los criterios de idoneidad que deben cumplir los banqueros europeos para ejercer sus cargos. El documento, de 34 páginas, detalla no solo los conocimientos y la experiencia exigibles, sino también los potenciales conflictos de interés en que pueden incurrir los directivos o consejeros de las entidades en función de su actividad profesional previa o sus relaciones personales. De hecho, incide en el lastre que pueden suponer los procesos judiciales en los que se vean involucrados. La mera imputación en una causa o incluso un fallo favorable, advierte el supervisor financiero, pueden ser motivo de pérdida de esa idoneidad.

“Se considerará que una persona designada tiene buena reputación cuando no existan pruebas que sugieran lo contrario ni motivos para albergar dudas razonables al respecto”, explica el BCE, que advierte de que “si la conducta personal o profesional de la persona designada hace dudar de su capacidad para garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito, la entidad supervisada y/o la persona designada deberán informar a la autoridad competente, que evaluará la gravedad de las circunstancias”.

El BCE aclara, por ejemplo, que los procedimientos judiciales penales o administrativos, tanto si han concluido como si están pendientes de resolución, pueden tener impacto en el banquero y la entidad, incluso si los hechos investigados o penados ocurren en un Estado diferente a aquel en el que el sujeto ejerce su cargo en la entidad. Más allá del riesgo para la imagen del banco o el directivo, el supervisor recuerda que un procedimiento judicial puede afectar a la capacidad del afectado para dedicar tiempo suficiente a sus funciones, una óptica, alerta, desde la que también conviene evaluar la repercusión del mismo.

Aunque desde Fráncfort entienden que son las autoridades judiciales quienes deben dilucidar la responsabilidad de la persona involucrada, asumen que “el simple hecho de que una persona esté, o haya estado, incursa en tales procedimientos es relevante para su honorabilidad” y puede tener un impacto reputacional que hay que abordar. “Las circunstancias que dieron lugar al procedimiento pueden ser relevantes para determinar si afectan a la reputación de la persona designada, incluso cuando el fallo es favorable”, establece el BCE. Por ello, el supervisor abre la puerta a apartar del cargo a directivos o consejeros, incluso cuando salgan airosos de un juicio, si los hechos por los que se les ha juzgado dañan su reputación.

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